Hace exactamente un año publiqué mi columna Air-e, la punta del iceberg, título este con el que quise significar que la crisis financiera que había llevado a su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 12 de septiembre de 2024 no era un hecho aislado, que las restantes empresas comercializadoras de energía que le prestan el servicio a sus usuarios estaban afectadas por las mismas falencias. La enormidad de la deuda del Gobierno Nacional por concepto del subsidio al consumo de energía a los estratos 1, 2 y 3, la de las entidades oficiales por su mora en el pago de sus facturas, la deuda acumulada por concepto de la opción tarifaria, las agobiaba a todas y las tenía al borde de un apagón financiero. Así lo pudieron establecer y advertir los organismos de control (CGR y PGN) en reiterados pronunciamientos.

Desde luego, el caso más patético era y sigue siendo el de Air-e. Lo que llevó a su intervención fue su insolvencia, iliquidez y falta de caja, situación esta que, lejos de resolverse, se ha agravado: la sola deuda con las empresas generadoras de energía pasó de $500 mil millones antes de la intervención (la cual quedó en suspenso) a $1,7 billones después de intervenida. Esta es una muestra palmaria de la incuria, la negligencia, la desidia y la incompetencia de la Superintendencia, la que en lugar de solucionar la crisis de Air-e se convirtió en parte del problema. La intervención por parte de la Superintendencia a........

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