Hace unos días conocíamos una noticia que volvía a poner el foco sobre un problema recurrente para muchas empresas proveedoras de las administraciones públicas: la morosidad. Bajo el titular “Amonestación formal del Gobierno central: apremia a 30 ayuntamientos gallegos a pagar las facturas pendientes con las empresas”, se evidenciaba una realidad que afecta a numerosos contratistas y proveedores que, tras prestar correctamente un servicio o suministrar bienes a una administración, se ven obligados a esperar durante meses para cobrar.

Aunque existe la creencia de que reclamar una deuda a una administración es un procedimiento complejo y poco efectivo, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para que las empresas puedan exigir el pago de las cantidades adeudadas y, además, reclamar los intereses de demora generados por el retraso.

La legislación en materia de contratación pública establece con claridad los plazos de pago que debe respetar la Administración. En concreto, el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) dispone que la Administración tiene la obligación de abonar el........

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