Fue una demanda de Pedro Sánchez a Rajoy en 2018. Por lo tanto, el actual presidente del Gobierno de España está obligado moralmente a promover y someterse a una cuestión de confianza. Según su propia tesis, es inevitable si no convoca elecciones. Y sólo él tiene la potestad de decidirlo.

La cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente cuando se ve abandonado por sus socios parlamentarios, cuando no tiene posibilidad de aprobar los presupuestos del Estado, y más grave, cuando ni siquiera los presenta cada año incumpliendo el mandato constitucional; cuando no puede gobernar o tiene que hacerlo con trampas a las Cortes Generales del Estado. En esta situación, el sistema constitucional español pone en sus manos un mecanismo para forzar el apoyo de sus socios o para que declaren abiertamente su desconfianza.

Lo peor de este pulso al Congreso son sus consecuencias, ya que, en caso de negarle la confianza, el presidente del Gobierno está obligado a presentar su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del nuevo jefe del Ejecutivo. De ahí el peligro y el miedo a utilizar este recurso constitucional.

Por eso, sólo en dos ocasiones se hizo uso de la cuestión de confianza y, en ambas, por circunstancias que no parecen corresponder a la necesidad de reagrupar las fuerzas de la mayoría en un momento de crisis. La primera fue planteada por el presidente Suárez en 1980; la segunda fue promovida por Felipe González el 5 de abril de 1990. No hubo más.

Resulta que está........

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