La política migratoria del Gobierno español ha dejado de ser una cuestión interna. Las decisiones sobre regularización y control fronterizo han provocado críticas de numerosos responsables extranjeros. Algunas serán interesadas o jurídicamente inexactas; su acumulación revela un deterioro de la confianza exterior que no cabe reducir a una ofensiva de adversarios políticos.

La regularización extraordinaria fue el primer motivo de inquietud. Jordan Bardella, de la francesa Agrupación Nacional, afirmó que «la España de Pedro Sánchez está convirtiéndose en el punto de entrada de la subversión migratoria en Europa». André Ventura, del portugués Chega, sostuvo que los permisos concedidos ponían «en riesgo a toda Europa». Manfred Weber, presidente del PPE, declaró: «Un millón de personas legalizadas en pocas semanas, eso no es un procedimiento normal», y lo calificó de «un problema para Europa». Una autorización de residencia no equivale a la nacionalidad, pero con nuestras leyes puede acabar en ella y permitir establecerse en cualquier Estado de la Unión.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, advirtió que un permiso de residencia «no es un cheque en blanco». La competencia nacional para regularizar no elimina la dimensión europea de la decisión: España administra una frontera exterior de la Unión, dentro........

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