Las elecciones de 2026 plantean un desafío estratégico para Perú: elegir un liderazgo capaz de atraer inversión y consolidar el desarrollo. Más allá de la competencia partidaria, el país necesita estabilidad institucional para convertir un crecimiento anual cercano al 3 % en una trayectoria sostenida, capaz de generar confianza a largo plazo. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2025 la economía peruana creció entre 3,3 % y 3,4 %, impulsada por la construcción, el comercio, los servicios y la manufactura, con la recuperación de la inversión privada y una mayor ejecución de la inversión pública.

Los fundamentos macroeconómicos son sólidos: el rating de Moody’s sitúa a Perú en “Baa1”, similar a Uruguay, Bulgaria o Israel; reservas internacionales elevadas; inflación estable alrededor del 2 %-2,3 %. Sin embargo, estos indicadores técnicos no aseguran inversión: el capital internacional busca previsibilidad institucional. La fragmentación política y un Congreso con múltiples pequeños grupos parlamentarios podrían convertir la estabilidad formal en crecimiento mediocre, proyectos congelados y pérdida de atractivo frente a países vecinos que ofrecen reglas de juego más previsibles.

El liderazgo necesario no se define por ideología, sino por capacidad institucional: formar mayorías funcionales, desactivar conflictos entre Ejecutivo y Legislativo y transmitir continuidad regulatoria. Sin ello, resistir no equivale a desarrollarse. La apertura regulatoria peruana es favorable, pero la inversión efectiva sigue rezagada respecto al promedio regional. La brecha entre solidez técnica y fragilidad política limita el crecimiento potencial, no colapsa los indicadores, pero erosiona gradualmente la confianza y la asignación de capital.

Inversión estratégica y posición geopolítica

Perú compite por inversión extranjera frente a Chile, Colombia, México y Brasil. La abundancia de recursos estratégicos ofrece ventajas, pero no reemplaza la necesidad de estabilidad institucional. La minería ilustra esta dinámica: entre 2025 y 2026, doce proyectos por más de 11.000 millones de dólares, incluyendo Tía María, Zafranal y Optimización Cerro Verde, muestran interés sostenido de operadores globales. Sin embargo, la fragmentación legislativa ralentiza decisiones regulatorias y administrativas, postergando inversiones que requieren horizontes de 10 a 20 años.

La relevancia internacional de Perú depende de su capacidad para proyectar estabilidad a inversores y socios estratégicos. Un presidente sin respaldo parlamentario suficiente opera en modo bloqueo, donde censuras, normas contradictorias y reformas diluidas elevan la incertidumbre, que suele pesar más que ajustes económicos impopulares, pero claros. La gobernabilidad también es externa: los organismos multilaterales y socios internacionales evalúan la capacidad de Perú de mantener estabilidad institucional y continuidad regulatoria.

El verdadero cuello de botella no es externo, sino institucional. La normalización de la inestabilidad política introduce riesgo permanente en las expectativas de inversión y crecimiento. La solidez técnica de instituciones como el Banco Central de Reserva ha sido ancla de confianza; ahora el desafío es trasladar esa estabilidad al Ejecutivo y al Legislativo, para que la volatilidad cotidiana no erosione la capacidad de planificar y desarrollarse a largo plazo. Depender de la estabilidad política funcional es esencial: sin ella un despegue económico sostenido no está garantizado. La pregunta crítica de cara a 2026 no es solo quién gana la Presidencia, sino si Perú proyecta liderazgo y gobernabilidad capaces de atraer inversión estratégica y consolidar desarrollo.

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