En Sinaloa el miedo ya es el común denominador en casas, escuelas y comercios, cuando los balazos abrazan a las víctimas en las calles, en una escalada de violencia que sólo desnuda un pacto a traición con el crimen organizado, que va disfrazado de “combate” en una sangrienta puesta en escena.

El secuestro masivo de al menos 10 trabajadores en un campamento minero en Concordia, ocurrido el 23 de enero y reconocido públicamente hasta días después, es un golpe directo a un sector económico formal, a personal especializado y sus familias, donde el control territorial se disputa a plena luz y sin recato.

Lo mismo sucede contra ingenieros y guardias, que contra legisladores, como ocurrió con Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien perdió un ojo en su ataque a balazos.

Y otro caso, cuya crudeza y carga de indignación explica por qué en Sinaloa el ciudadano siente que el Estado falla incluso cuando “viene a proteger”, es el de Fernando Alan Cháidez, abogado de 24 años, muerto el 13 de enero en Culiacán por disparos de elementos del Ejército que lo confundieron durante un operativo.

Hubo marcha, duelo público y se evidenció que el uso........

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