La condena contra el congresista Fernando Rospigliosi a nueve meses de prisión suspendida por “difamación” no es un hecho aislado ni un simple fallo judicial. Es una señal alarmante de cómo, cada vez más, el sistema de justicia en el Perú parece actuar con un claro sesgo ideológico, castigando opiniones incómodas y protegiendo a ciertos personajes del escrutinio público.

Seamos claros: Rospigliosi no hizo otra cosa que ejercer su derecho a opinar y criticar la actuación de una funcionaria pública de alto nivel como Delia Espinoza.

En una democracia, eso no solo es legítimo, es indispensable.

Pretender convertir la crítica  política en delito es un atentado directo contra la libertad de expresión.

Aquí no estamos hablando de insultos gratuitos ni de mentiras........

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