Desde el Gobierno se ha vuelto a la carga contra los jueces mediante descalificaciones tan rotundas como carentes del más mínimo rigor. No se discuten las resoluciones, se atribuyen directamente a los jueces intenciones políticas o incluso conspirativas. Detrás de esta conducta se percibe una preocupante huida del principio de legalidad: la ley solo merece ser aplicada cuando sus consecuencias coinciden con los intereses del Gobierno. Cuando la resolución judicial resulta incómoda, deja de ser Derecho para convertirse, según el discurso gubernamental, en activismo político. Así ha sucedido con las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo en relación con el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la llamada ley de nietos: lejos de realizar el mínimo esfuerzo necesario para comprender una resolución provisional, han llegado a afirmar que determinados........

© La Razón