De primoroso cabe calificar el espectáculo del PP mostrando su «respeto» a la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana para que impute a Carlos Mazón por la gestión de la Dana. La juez va a saco contra un ex president que, salvo error u omisión mío, sigue siendo del PP. Y exige que se le impute por homicidio imprudente, castigado con hasta cuatro años de cárcel. Lo más curioso, y naturalmente sospechoso, es que Ruiz Tobarra dé el paso cuando la instrucción no ha concluido, cuando restan varios interrogatorios. Si hay aforados de por medio lo normal es finiquitarla y luego formular una exposición razonada para que el tribunal superior actúe. Aquí, no, aquí la popularmente conocida como «juez roja de Catarroja» optó por vengarse de Okdiario en la persona de Carlos Mazón el mismito día en el que desvelábamos los audios que demuestran, más allá de toda duda razonable, que su marido, el también togado Jorge Martínez Ribera, ha participado en los interrogatorios a las víctimas. Afortunadamente, la cortina de humo le funcionó regular. Que el maridito co-instruya el caso constituye una ilegalidad como la copa de un pino teniendo en cuenta que su plaza no está en Catarroja sino en Valencia ciudad. No es, por tanto, el juez natural ni el predeterminado por la ley. El tal Martínez Ribera habría cometido un delito de prevaricación y otro de revelación de secretos, al igual que su mujer, amén de otro de usurpación de funciones. Resulta perogrullesco colegir que, si aún queda un poco de Estado de Derecho en esta España sanchista, ambos acabarán expulsados de la carrera. La primera por consentir ilegalmente que un compañero, que para más inri es su pareja, trabaje en una causa que le corresponde a ella y nada más que a ella, y el segundo por adoptar la injustísima resolución de inmiscuirse en terreno judicial ajeno. A Dios gracias ya hay presentada una querella por parte del brillantísimo abogado Rubén Gisbert. Génova 13, y por supuesto el PP de la Comunidad Valenciana, pasaron por alto este escándalo nivel dios que certifica que a la juez la cacería se le ha ido de las manos. Por no hablar del daño colateral que se puede infligir al procedimiento, que podría quedar anulado parcial o íntegramente. Lo de esta magistrada huele. No parece una instrucción imparcial y tampoco da la sensación de que ella quiere que lo parezca. Seguramente porque no lo es. Ha imputado a medio Govern valenciano olvidando que las competencias sobre el barranco del Poyo que provocó 198 de los 230 muertos corresponden al Ministerio de Transición Ecológica. Teresa Ribera ni ha estado ni se le espera, es más, días después de la tragedia se le premió con una Vicepresidencia de la UE –424.000 euros de sueldazo–. También se ha ido de rositas la presidenta de una Aemet que falló más que una escopeta de feria el día de autos, María José Rallo, y tres cuartos de lo mismo ha sucedido con Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no informó al Cecopi de la crecida exponencial del barranco del Poyo, ni siquiera cuando el agua superaba el metro de altura en un sinfín de municipios de Valencia y los fallecidos se contaban por decenas. La magistrada tilda de «grosera negligencia» la actuación de Mazón. Pero más grosera y más palmaria es su presumible prevaricación. Como groseramente cobarde es el silencio del partido que figura como objetivo primero y último de esta canallada.

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