No es la prudencia una de las virtudes que adornan al Gobierno que preside Pedro Sánchez, pero la amenaza preventiva lanzada contra el futuro ejecutivo autonómico extremeño no sólo supone un juicio de intenciones que prejuzga desde el prejuicio ideológico, sino que retrata la incomprensión lectora de una izquierda española, al parecer, incapaz de leer unos resultados electorales. Porque, como ha hecho el inquilino de La Moncloa, arrogarse la representación moral del conjunto de los extremeños desde el liderazgo de un partido, el PSOE, que ha sufrido un tremendo varapalo en las urnas, no tiene un pase. Y lo mismo reza para la ultraizquierda gubernamental, que, si ha salvado los muebles en esta región, va camino de ser extraparlamentaria en la mayor parte del territorio nacional. Que una visión distinta del fenómeno migratorio a la de los comunistas de Podemos, puesta a juicio en las urnas, sea tildada por los perdedores de unas elecciones de «racista» e «infame» cuando aún no se ha conformado el gobierno de la Junta y no se han elaborado las leyes en discusión, sólo es el producto de una arrogancia que les incapacita para entender las demandas, intereses y problemas de la misma población a la que se pide el apoyo. Si, además, nos hallamos ante unos políticos que declaran paladinamente que la política migratoria no es un fin en sí misma, sino el medio para llevar a cabo un proceso de sustitución étnica de la población española, esa población que cada vez les vota en menor proporción, estaremos de acuerdo en que por más golpes que les proporcione la realidad, hay ideologías incapaces de afrontar sus responsabilidades. Por lo demás, el acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre los populares y Vox no es otra cosa que la aplicación de la lógica democrática, la que nos dice que casi un 60 por ciento de los votantes extremeños, es decir, una mayoría incontestable, no quiere seguir con las mismas políticas de izquierdas que han dirigido la región durante décadas y que habían llevado a Extremadura a ocupar los últimos puestos por desarrollo económico y social de España. Por último, y no por ello menos importante, el acuerdo de gobierno se ha firmado entre dos partidos de distintas sensibilidades, con desacuerdos notables en aspectos de la organización de la vida pública, pero que actúan dentro de los márgenes de la Constitución y desde el respeto al ordenamiento jurídico y a la división de poderes. Virtudes de las que no pueden presumir los partidos que conforma el Gobierno ni, tampoco, la mayor parte de sus aliados de investidura, siempre tratando de forzar las costuras de la Carta Magna en pro de sus propios intereses, siempre buscando extender su influencia a lo largo y ancho de las instituciones del Estado y siempre acusando a los demás de las faltas y malos comportamientos democráticos propios, que en este Gobierno se han convertido en su seña de identidad.

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