Brisa de Angulo tenía 16 años cuando su primo, un hombre de 26 que vivía en su propia casa en Cochabamba, comenzó a violarla sistemáticamente durante ocho meses. Ella se animó, denunció, y el Estado boliviano la abandonó: la justicia, en lugar de protegerla, la revictimizó. Pasaron 24 años y el violador sigue en libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia por negligencia, por haberle negado el acceso a la justicia y por haber incurrido en violencia institucional. De las once medidas que ordenó ese fallo vinculante, el Estado apenas ha cumplido dos. ¿Cuántas Brisas más tienen que callar? ¿Cuántas niñas más tienen que cargar con el peso del silencio mientras el sistema les dice “no alcanza”, “no será mentira”, “no se pudo”, “prescribió”?

Hoy, el Proyecto de Ley N° 010 –conocido como Ley Brisa– está sobre la mesa de la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado en el Senado en abril de 2024, repuesto en diciembre de 2025 y pasó por mesas técnicas donde se depuraron los puntos ajenos a la sentencia de la Corte IDH. Ya no hay excusas, solo falta voluntad........

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