Si existen indicios graves —incluso evidencias— de que el fiscal general titular Roger Mariaca participó en hechos de corrupción vinculados al narcotráfico, debe ser investigado y, si corresponde, procesado. Ningún cargo ni fuero político debiera convertirse en un escudo para la impunidad.

La lucha contra la corrupción no puede justificarse mediante procedimientos arbitrarios. Sin embargo, si el propio sistema ha sido diseñado para hacer prácticamente imposible llevar ante la justicia a altas autoridades del Estado y los estándares internacionales obligan a los Estados a garantizar la justicia para todos en igualdad de condiciones, entonces tal vez podría existir un fundamento de fondo sólido en el bloque de constitucionalidad que justifique la eficacia de la justicia.

El diseño de ese sistema debiera permitir investigar, acusar y sancionar efectivamente a todos, incluyendo a las altas autoridades que gozan de un fuero político.

Si bien existen, por un lado, el debido proceso y el régimen especial de juzgamiento de las altas autoridades; por otro, también existe el deber estatal de investigar eficazmente hechos graves de corrupción y criminalidad, sin privilegios indebidos. Habría, entonces, una tensión entre el........

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