La libertad de expresión ha mantenido, históricamente, una relación de abierta tensión frente al poder político, el cual pretende, al mismo tiempo, ostentarse como el único y legítimo garante del derecho a la información.

En este complejo escenario se enmarca la reciente propuesta del Ejecutivo federal para emitir los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una iniciativa que ha generado un justificado revuelo en el gremio mediático y una profunda preocupación en torno a la posibilidad real de coartar la libre manifestación de las ideas.

La cuestión fundamental radica en responder una interrogante decisiva para la vida democrática: ¿dónde termina la legítima protección al público consumidor de contenidos y dónde comienza la indebida tutela estatal sobre lo que se difunde en los medios de comunicación? Para dar cauce a esta medida, la Consejería Jurídica........

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