La promesa era tan grandilocuente como irreal: democratizar la justicia, limpiar los tribunales de la corrupción y poner el Poder Judicial al servicio del pueblo.

Hoy, a una distancia crítica de su implementación, la reforma judicial en México ha demostrado ser exactamente lo contrario: un error de cálculo histórico cuyo costo económico, operativo y social apenas comenzamos a dimensionar. Lo que se vendió como una cirugía mayor terminó en una amputación sin anestesia.

Hablemos primero del costo más evidente, el monetario. Desmantelar un sistema de carrera judicial edificado durante décadas para sustituirlo por un tinglado de elecciones populares no fue gratuito. La organización de los comicios extraordinarios para elegir a miles de jueces, magistrados y ministros devoró miles de millones de pesos del erario. Recursos públicos que bien pudieron destinarse a fortalecer a las fiscalías locales —el verdadero cuello de botella de la impunidad en México— o a........

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