La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar constitucional el límite al aumento de las rentas en la Ciudad de México —anclándolo estrictamente al índice de inflación del año anterior— marca un hito que, bajo el barniz de la “justicia social”, amenaza con desequilibrar uno de los motores más dinámicos de la economía urbana: el sector inmobiliario.

A primera vista, la resolución suena humanista frente a fenómenos como la gentrificación y el desplazamiento residencial; por ello, la Corte argumentó que el Estado debe intervenir para garantizar el derecho a la vivienda digna. Sin embargo, al validar la reforma al artículo 2448-D del Código Civil, ha decidido ignorar una premisa fundamental de la economía moderna: el precio es........

© La Razón