Beatriz Corredor, la todavía presidenta de Red Eléctrica, principal responsable a decir de la CNMC del gran apagón del que se cumple prácticamente un año, es registradora de la propiedad y no sólo fue ministra de Vivienda en uno de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que venía desempeñando cargos públicos y privados, también de partido, en el sector de la construcción y en empresas públicas de gestión de suelo. Dado el éxito obtenido, como puede comprobar cualquiera que necesite alquilar un piso modesto en, prácticamente, cualquier gran ciudad española, el actual Ejecutivo decidió promoverla a la presidencia de la empresa que se encarga de asegurar el suministro eléctrico en España y Portugal, donde, como es notorio, también ha desempeñado un exitoso papel. Ahora, corresponde al Gobierno, exactamente al Ministerio para la Transición Ecológica, decidir qué sanción va a imponer a Red Eléctrica por las faltas «muy graves» contra la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico, por un lado, y por su incapacidad para dar las instrucciones necesarias a las empresas generadoras que hubieran evitado ese apagón general, que técnicos e ingenieros del sector venían anunciando. Por supuesto, desde La Moncloa se ha llevado a cabo un cierre de filas con Corredor, de la misma manera que se hizo con la ministra Aagesen, sí, la de Transición Ecológica, cuando se supo que su Departamento mantenía en un cajón los proyectos de remodelación de cauces que hubieran amortiguado la tragedia de la DANA valenciana, y como, de hecho, se ha venido haciendo con casi todo los responsables políticos que no han estado a la altura de sus responsabilidades, con casos destacados como el de Grande-Marlaska, tres veces reprobado por el Parlamento y con otras tantas sentencias firmes en contra por sus actuaciones administrativas; Óscar Puente, bajo cuyo mandato la Alta Velocidad Española cayó a sus peores índices de servicio, y Mónica García, que ha conseguido aunar en su contra a la inmensa mayoría de los trabajadores sanitarios. Sólo hay que pensar que si Irene Montero, la de la ley que hizo posible la excarcelación o la reducción de condenas de más de un millar de violadores y abusadores sexuales, se fue a la calle, se debió a una clásica pelea a navajazos, que son marca de la casa en las formaciones comunistas, y no porque asumiera su error. Ahí sigue, dando lecciones políticas desde una posición de arrogancia pasmosa y tildando de fascistas, racistas o xenófobos a cualquier que advierta de los riesgos de una regulación masiva de inmigrantes sin los aconsejables análisis de coste y beneficio, y sin las cautelas que aconsejan experiencias anteriores. Sólo con la larga lista de factores que acreditan como «vulnerable» a un extranjero irregular, basta para comprender la aprensión con la que contemplan el proceso regulatorio los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las que, al final, tendrán que asumir la mayoría de los costes sociales. Y así, mientras hemos pasado del comodín de Franco a los de Netanyahu y Trump, se confirma que hacerse de izquierdas es una bicoca. Buenos sueldos y cero responsabilidades. Cuando se vaya Trump no sabemos con qué se van a cubrir, pero ya encontrarán algo.

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