La libertad de los ciudadanos de acceder a la información es un derecho fundamental. Es a través de la garantía plena y efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, lo que construye el edificio de una ciudadanía activa y participativa en una democracia avanzada. El derecho de acceso a la información y la libertad de expresión son condiciones irrenunciables para que la comunidad política, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente concienciada. Porque una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

La Constitución española garantiza y protege así la libertad de expresión y el derecho de información en el artículo 20. Además, le otorga la naturaleza jurídica de derecho fundamental, como expresión de una categoría de vital importancia para la consolidación y funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho. A ningún gobierno, por muy insensato que pueda parecer, se le ocurriría, por tanto, afectar o intentar desarrollar «normativamente» este derecho fundamental, como es el de la libertad de información.

Pues bien, el actual Gobierno sí lo hizo hace unos años, mediante la Orden Ministerial de 30 de octubre de 2020, por la que se publicó el procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el........

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