Entre las políticas públicas, la política judicial es sin duda una de las más complicadas y difíciles porque, en palabras de Fernando Ledesma: "solo puede estar al servicio de la independencia de jueces y magistrados". De ahí el reproche que merecen las declaraciones del ministro de Justicia sobre el juez instructor del llamado “caso Begoña Gómez”. Un caso que es ilustrativo, entre otros, de un dilema recurrente en la democracia española: cómo garantizar que los procesos judiciales avancen sin interferencias ni sospechas de instrumentalización política. Y es que la independencia judicial a la que se ha de atender y servir desde el poder ejecutivo -y no como ha hecho Bolaños- exige rigor, prudencia y solidez argumental, tres elementos que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha reclamado en más de una ocasión en relación con las decisiones del juez Peinado. Sin ese rigor, el riesgo es doble: debilitar la confianza en la justicia y alimentar la percepción de que los tribunales actúan como prolongación de la lucha partidista.

El episodio del “caso Begoña Gómez" refleja, a mi juicio, una doble tensión: la estrictamente jurídica, que parece muy débil en cuanto a la........

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