Bolivia tiene una oportunidad histórica de convertirse en el gran articulador logístico de Sudamérica, conectando el Atlántico con el Pacífico mediante corredores ferroviarios que podrían transformar nuestra economía, abaratar los costos del comercio exterior, atraer inversiones y generar miles de oportunidades de trabajo.

Pero, como no podía ser de otra manera en nuestra querida República del Absurdo, apenas aparece una iniciativa que promete desarrollo, progreso y modernidad, surgen los eternos defensores del atraso, dispuestos a recordarnos que en Bolivia todavía hay quienes consideran que bloquear es un derecho superior al de trabajar, producir y progresar.

Esta vez, la amenaza viene de un sector del transporte pesado que, ante la posibilidad de reactivar el ferrocarril Arica–La Paz, anuncia que no permitirá semejante atrevimiento. ¡Qué barbaridad! ¡Pretender que Bolivia tenga trenes en pleno siglo XXI!

Parece que algunos dirigentes todavía creen que el desarrollo nacional debe solicitar permiso a sus sindicatos y que cualquier iniciativa capaz de modernizar nuestra economía constituye una amenaza contra sus privilegios.

Lo verdaderamente preocupante no es que los transportistas defiendan sus fuentes laborales. Eso es legítimo. Lo preocupante es que algunos dirigentes pretendan convertir esa preocupación en un derecho de veto sobre el futuro de once millones de bolivianos… Porque una cosa es defender el trabajo y otra muy distinta es pretender impedir que todo un país progrese.

Durante dos décadas de gobiernos del MAS, Bolivia fue convirtiendo el bloqueo en una especie de institución nacional. Se bloqueaban carreteras, ciudades, mercados, alimentos, combustibles y hasta las posibilidades de desarrollo.

Mientras nuestros vecinos planificaban corredores internacionales, modernizaban puertos y........

© La Razón