Pleno del Parlamento de Canarias. / Europa Press

Cuando los sistemas de control fallan, el problema no se limita a un expediente mal tramitado o a un contrato irregular. Lo que está en juego es la credibilidad y la confianza en las instituciones. En Canarias, donde la gestión pública se desarrolla en un entorno administrativo fragmentado y recursos limitados, las consecuencias de estos fallos adquieren una dimensión especialmente relevante.

La primera cuestión que surge es la de la responsabilidad. En teoría, el ordenamiento distingue con claridad entre responsabilidad política, administrativa, contable y penal. En la práctica, estas fronteras se difuminan. Las responsabilidades políticas suelen diluirse o resolverse con dimisiones tardías; las administrativas se limitan a expedientes disciplinarios poco visibles; las contables avanzan lentamente; y las penales, cuando existen, llegan años después. El resultado es una percepción de impunidad que debilita el efecto disuasorio del control.

Uno de los........

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