Fernando Clavijo saluda al presidente de Aena, Maurici Lucena, en 2025. / Acfi Press

Uno ignoraba que el señor Maurici Lucena, presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) fuera catedrático de Derecho Constitucional. Me imagino que, como cualquier sátrapa encorbatado, está acostumbrado a ser lo que quiera ser. Frente a la reivindicación de Canarias para entrar en la cogestión de los aeropuertos que operan en las Islas el Gobierno central ha urdido ahora una astuta estratagema: compincharse con los socios privados de la empresa (que controlan un 49% de las acciones de la compañía) para anatemizar cualquier modelo de cogestión. Lucena explica así que los accionistas privados no tolerarían como nuevos socios de facto a representantes del Ejecutivo autonómico, y acudirían a los tribunales, porque Aena significa un negocio cuyo volumen supera los 20.000 millones de euros anuales. «Ya están muy intranquilos», ha comentado el propio Lucena, como el domador de leones le explica al público que las fieras están muy hambrientas, tensas, irritadas, mucho cuidado. ¿Sobre qué base jurídica se elevaría una demanda –una cascada de demandas– del accionariado privado de Aena, gente angelical como BlackRock, Morgan Stanley o TCI Luxembourg? El señor Lucena no lo explica, pero con los mejores abogados de la Unión Europea y los Estados Unidos –y la ayuda de Madrid– puedes encontrar cualquier agujero legal por donde colarte.

Aena fue privatizada en febrero de 2015 por decisión de ese sujeto tan simpático y gracioso que se llama Mariano Rajoy que actualmente ejerce como comentarista deportivo y registrador de la propiedad en Madrid. Su Gobierno sacó a la venta ese 49% de las acciones por 58 euros cada una, y ya en abril cotizaban a más de 100 euros. Un año después de su salida a bolsa como expresa mixta, Aena, que valía 8.700 millones de euros, alcanzó un valor de alrededor de 14.000 millones. Como otras operaciones de privatización en la Unión Europea durante la segunda década del siglo, con varias de las cuales se encuentra conectada –mismos despachos de abogados, mismos consultores, a veces mismos bancos y fondos de inversiones– la venta de Aena fue un negocio formidable, y el tiempo ha demostrado que con garantías de éxito: la red de aeropuertos españoles no ha dejado de crecer y absorber clientes. Poca gente lo recuerda, pero una de las últimas decisiones tomadas por el Gobierno presidido por Paulino Rivero y vicepresidido por José Miguel Pérez fue llevar al Tribunal Supremo la privatización de Aena con el objeto de que los aeropuertos canarios quedaran excluidos de la gestión mixta. En realidad intuyo que los nacionalistas lo recuerdan, pero los socialistas no. El Supremo, en un pis pas, con una celeridad digna de mejor causa, desestimó los recursos contra los acuerdos para proceder a la privatización decididos por el Consejo de Ministros.

El amable lector quizás se sienta un poco confuso. ¿No figura el Estatuto de Canarias promulgado en 2018 que la comunidad autónoma podrá participar con el Estado en la gestión de los aeropuertos? Pues sí. Es un extremo, ciertamente que interesó incorporar al articulado Coalición, no al PSOE ni al PP. Pero como se ha descubierto en los últimos años, las disposiciones estatutarias son ejercicios de estilo, decorados verbales, magias inconsútiles para sostener un quiero y no puedo inflexible. Cooperación, toda la que quieran, porque somos gente generosa y bien enrollada, pero cogestión… Una cosa es tomarse unas cervecitas y escuchar su opinión –estaremos encantado de escucharla– sobre la renovación o no del traje de las azafatas, pero la gestión es para personas adultas. ¿Y no les ha dicho Lucena (¡qué gran chico!) que los socios privados se emputan cuando oyen eso de la cogestión y podrían arrastrarnos a los tribunales? No, no van a ceder, ni van a negociar, ni van a hablar siquiera del asunto ¿El Estatuto de Autonomía? Llévame a Constitucional, mientras siga ahí Cándido. Pero si esto ya es un Estado federal. No te deprimas. Lucena, ponle otra cerveza al canario. Salud.

Suscríbete para seguir leyendo

© La Provincia