En el Centro Histórico de Manizales hemos conseguido una hazaña administrativa digna de conservación: crear una nueva institucionalidad para empeorar lo que ya funcionaba mal.

La aparición de la Secretaría de Cultura despertó alguna esperanza. Se suponía que la ciudad tendría, por fin, una autoridad capaz de comprender su patrimonio, aplicar las normas vigentes, coordinar a las entidades responsables y defender un centro histórico que lleva años deteriorándose. No ocurrió.

La nueva institucionalidad no aclaró las competencias: las confundió. No ordenó los procedimientos: los hizo más inciertos. No fortaleció las normas: permitió que fueran modificadas, desplazadas o interpretadas por autoridades cuya competencia para hacerlo tampoco está clara. Y al desconocimiento inicial se agregó después un elemento mucho más resistente al aprendizaje: la arrogancia.

La Secretaría existe. La institucionalidad también. Lo que todavía no aparece es una autoridad patrimonial que sepa qué debe hacer, cómo debe hacerlo y con fundamento en cuál norma.

Es comprensible que una dependencia nueva no llegue sabiéndolo todo. La protección del patrimonio exige conocimientos técnicos, jurídicos, urbanos e históricos. También requiere entender que un centro histórico no es una colección de fachadas para servir de fondo a las fotografías oficiales, sino un lugar habitado.

Nadie podía exigir perfección desde el primer día. Sí podía esperarse que quienes aceptaron la responsabilidad estudiaran seriamente el régimen que debían aplicar. Pero el tiempo pasó y el aprendizaje no llegó.

Después de un periodo razonable, la falta de conocimiento deja de ser una dificultad inicial y se convierte en una forma de gobierno. Cuando transcurren los años sin que los funcionarios profundicen en las normas, los antecedentes, los procedimientos y las competencias de su propio despacho, la ignorancia ya no puede presentarse como inocencia. Es una decisión administrativa. A veces, incluso, una política pública.

Manizales cuenta con un Plan Especial de Protección vigente, aunque algunas administraciones parezcan considerarlo una excentricidad de quienes todavía leen las normas. En teoría, ese instrumento debía orientar la protección del Centro Histórico y actuar como determinante de las decisiones urbanísticas posteriores. En la práctica, ha sido modificado, debilitado o contradicho por normas de inferior jerarquía y por decisiones adoptadas sin suficiente claridad sobre la competencia para tomarlas.

No sabemos si esto ocurrió por ignorancia, negligencia o presión de quienes han encontrado más rentable transformar el centro que conservarlo. Tal vez sea una combinación eficiente de las tres. La administración, tan poco hábil para coordinar la protección, suele demostrar una sorprendente capacidad de coordinación cuando se trata de debilitarla.

Ahora esperamos un nuevo PEMP. Su formulación se ha prolongado tanto que empieza a adquirir valor patrimonial por antigüedad. Entre tanto, nadie parece tener certeza sobre el régimen aplicable, aunque esa incertidumbre nunca haya impedido expedir normas, modificar procedimientos o tomar decisiones.

En nuestra administración, la duda jamás impide ejercer una competencia que no se tiene. Solo aparece cuando llega el momento de cumplir una obligación.

El resultado es un sistema en el que los procesos se han vuelto confusos incluso para quienes deben aplicarlos. Las funciones cambian de dependencia, se fragmentan o desaparecen dentro de organigramas que prometen coordinación. Planeación afirma que ya no ejerce algunas responsabilidades. Cultura no termina de descubrir cuáles asumió. La........

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