Los últimos días, la gira nos llevó a Coro, en Falcón, y a Valle de la Pascua, en Guárico, donde el sábado nos reunimos en la Cámara de Comercio. En ambas ciudades convocaron el Programa de Organización Ciudadana y los Colegios de Abogados, y en ambas salas estaban los mismos rostros que se repiten en todo el país: líderes sociales y políticos, diputados de la Asamblea Nacional 2015, familiares de presos políticos y periodistas locales. Y en ambas se hizo la misma pregunta, con distintas palabras: ¿Cuándo votamos?

Mi respuesta fue la misma en los dos lugares, y la quiero dejar escrita: cualquier ruta electoral necesita condiciones integrales. No basta con fijar una fecha. Hay que desmontar primero los obstáculos que el régimen construyó durante veintisiete años para que votar no sirviera y también fuera un ejercicio ciudadano, casi que imposible. Por eso este ciclo de la negociación trata las garantías civiles y políticas, y por eso conviene explicar con precisión cómo funciona lo que hay que desmontar. No es una sola barrera. Es un sistema interconectado de tres trampas.

Primera trampa: la inhabilitación administrativa

Es la clásica, la que conocemos todos. El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República faculta al Contralor para inhabilitar a un ciudadano para el ejercicio de funciones públicas hasta por quince años, sin juicio y sin condena. Fue la herramienta que se usó contra la hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y contra cientos de dirigentes políticos y sociales.
Esa norma choca con tres barreras jurídicas que nunca debió saltar. La Constitución, en........

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