Está demasiado fresco el episodio, como para ignorarlo. El llamado deslave de diciembre de 1999, en La Guaira, Venezuela, sirvió de ocasión para el escandaloso enriquecimiento ilícito no solo de un grupo de funcionarios chavistas, sino de directivos de varias ONG dedicadas a la supuesta beneficencia pública. Sin embargo, en las investigaciones abiertas por la Policía Técnica Judicial, hoy CICPC, se impuso el consabido “una mano lava la otra mano”, que es como denominan en ciertas germanías, los encubrimientos con los consiguientes repartos de botín.

¿Se seguirá repitiendo, tal patrón, en la evasión de responsabilidades derivadas de los sismos del pasado 24 de junio, cuyas devastaciones se pudieron evitar o al menos morigerar?

Para muestra un botón:

Las viviendas del urbanismo que lleva el remoquete de “Ciudad Chávez”, sector Playa Grande, La Guaira, que alojaron a un considerable número de damnificados por el mismísimo deslave de 1999, apuntan en similar sentido. Las 3.136 unidades de la citada urbanización quedaron despanzurradas, “patas arriba”, dejando en evidencia que fueron........

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