Cuatro meses después del 3 de enero, el proceso político venezolano comienza a definirse con mayor claridad. El país no está inmerso en una transición democrática, sino que avanza hacia la normalización económica sin condiciones políticas significativas, una estrategia que el gobierno de Delcy Rodríguez está llevando a cabo con notable disciplina táctica.

La secuencia de los acontecimientos recientes sugiere un plan coherente más que improvisación: un nuevo acuerdo con Chevron en la Faja del Orinoco; las licencias generales 56 y 57 de la OFAC; el registro de Rodríguez como candidato presidencial bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de EE. UU .; la derogación unilateral de la Ley de Amnistía mientras 473 presos políticos permanecen detenidos; y la toma del poder del llamado Poder Ciudadano mediante el nombramiento de sus aliados Larry Devoe como fiscal general y Eglée González Lobato como defensora del pueblo. Estas acciones apuntan a un esfuerzo no solo por gobernar, sino por consolidar el poder bajo nuevas condiciones.

Ha habido cierta resistencia. Las reuniones europeas de María Corina Machado —que incluyeron encuentros en Francia, los Países Bajos, Portugal y España— confirmaron que la oposición aún conserva un importante apoyo internacional. La recepción que Michael Kozak, subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, ofreció el 22 de abril en Washington a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, demuestra que la administración Trump sigue recibiendo a figuras de la oposición a pesar de su buena relación con Rodríguez. Figuera fue una figura legislativa clave que ayudó al presidente interino Juan Guaidó a intentar derrocar al exdictador Nicolás Maduro.

Pero ninguno de estos esfuerzos altera la variable central: si la normalización económica estará ligada a condiciones políticas significativas. Hasta ahora, no lo ha estado.

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