Los 65.000 millones de barriles, la Constitución y el peligro de construir primero los negocios y dejar para después la República

La salida de Nicolás Maduro del poder constituye un cambio extraordinario en la historia contemporánea de Venezuela. Pero sacar al hombre que encabezaba un régimen no significa necesariamente desmontar el sistema que ese régimen construyó.

Esa diferencia es fundamental.

Venezuela no recuperará plenamente su República mientras sus poderes públicos no sean independientes, exista un Poder Judicial autónomo, un árbitro electoral confiable, libertad política efectiva y, finalmente, elecciones libres mediante las cuales los venezolanos puedan decidir soberanamente quién los gobierna.

Por eso considero que Venezuela continúa atravesando una situación institucional excepcional. Podemos discutir si jurídicamente corresponde llamarla Estado fallido, Estado capturado o transición tutelada. Pero políticamente resulta difícil sostener que existe ya una normalidad republicana.

Y precisamente dentro de esa anormalidad aparece ahora un anuncio que puede marcar el destino venezolano durante generaciones.

65.000 millones de barriles

El presidente Donald Trump anunció el 28 de agosto que Estados Unidos alcanzó con Venezuela lo que calificó como “the biggest oil deal in world history”.

Su declaración contiene una expresión mucho más trascendente:

“majority U.S. control of more than 65 billion barrels of proven oil reserves in Venezuela.”

Reuters confirmó el anuncio y señala que esos 65.000 millones de barriles representan aproximadamente una quinta parte de las gigantescas reservas venezolanas. También reporta que el proyecto contempla participación de empresas privadas y grandes inversiones para recuperar campos de la Faja del Orinoco y del Lago de Maracaibo. Pero los detalles jurídicos fundamentales de la estructura anunciada todavía no son públicos.

Por tanto, antes de celebrar o condenar el acuerdo debemos formular una pregunta elemental:

¿Qué significa jurídicamente la palabra “control”?

Porque inversión no es propiedad.

Operación no es soberanía.

Comercialización no es dominio sobre el yacimiento.

Y una asociación petrolera internacional no convierte automáticamente las reservas venezolanas en reservas estadounidenses.

La Constitución establece quién es el propietario

El punto de partida no debería ser Washington ni Miraflores.

Debe ser la Constitución.

El artículo 12 establece un principio fundamental del ordenamiento venezolano: los yacimientos de hidrocarburos existentes dentro del territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y son inalienables e imprescriptibles.

Es decir:

los gobiernos administran temporalmente el petróleo; no son sus propietarios.

Los 65.000 millones de barriles no pertenecieron a Hugo Chávez.

No pertenecieron a Nicolás Maduro.

No pertenecen a Delcy Rodríguez.

No pertenecen a PDVSA.

No pertenecen a una Asamblea Nacional.

Y tampoco pueden convertirse mediante una simple negociación en propiedad de Estados Unidos.

Pertenecen a la República.

Por eso las palabras del presidente Trump deben ser interpretadas cuidadosamente.

Si “majority control” significa participación económica, derechos operacionales o control corporativo sobre determinadas compañías encargadas de explotar campos venezolanos, puede existir una estructura contractual jurídicamente viable.

Si, por el contrario, significa transferir dominio sobre las reservas existentes en el subsuelo, la pregunta sobre su compatibilidad con el artículo 12 sería inevitable.

Y ninguna ley ordinaria puede borrar esa frontera constitucional.

La reforma petrolera de 2026

Aquí aparece un segundo elemento........

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