La crisis eléctrica, la escasez de combustible, el deterioro del sistema de salud y las amenazas sobre la seguridad alimentaria podrían convertirse nuevamente en los principales impulsores de una nueva ola migratoria si no se adoptan medidas urgentes durante los próximos seis meses.

La historia demuestra que las advertencias ignoradas suelen regresar con consecuencias más graves.

En 2017, un grupo de venezolanos radicados en Estados Unidos acudimos a Washington para alertar sobre el colapso económico, social y humanitario que se estaba gestando en Venezuela. Advertimos sobre el deterioro de la infraestructura productiva, la destrucción progresiva de los servicios públicos y el riesgo de una migración masiva que terminaría afectando a toda la región.

Aquellas advertencias no recibieron la atención necesaria. En numerosos espacios se privilegió la visión de los actores políticos, mientras se subestimaba el análisis de empresarios, académicos, profesionales y representantes de la sociedad civil que conocíamos de primera mano la realidad venezolana.

Las consecuencias fueron evidentes.

Más de siete millones de venezolanos abandonaron el país. Millones de familias quedaron separadas. América Latina enfrentó la mayor crisis migratoria de su historia reciente y países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil asumieron buena parte de sus consecuencias.

Hoy, en 2026, Venezuela enfrenta una nueva coyuntura crítica.

La transición política y la nueva realidad institucional han generado expectativas legítimas de recuperación. Sin embargo, la situación económica y social continúa siendo extremadamente frágil y existen señales de alerta que no deben ser........

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