Puente considera "raro y difícil de explicar" el accidente de ferrocarril de Córdoba. / EFE

El caos ferroviario de los últimos meses, especialmente en la línea Madrid-Sevilla, culminó con la tragedia de Adamuz, localidad cordobesa en la que, como es bien sabido, ha muerto casi medio centenar de viajeros. Es evidente que los accidentes son inevitables hasta en los sistemas más controlados, porque el riesgo cero no existe. Ahora bien, cuando las catástrofes se producen por causas que podrían haberse evitado, hay una responsabilidad innegable de los gestores del servicio de que se trate. Es el caso de los ferrocarriles de España, cuyos estándares están muy lejos de lo esperable en un Estado que expropia cada año casi la mitad de la riqueza de todos los ciudadanos.

La izquierda tarda microsegundos en acusar a sus rivales de asesinos cuando se produce cualquier incidente con víctimas, incluso aunque no sean humanas. Conviene recordar, a estos efectos, que la purria ultraizquierdista organizó manifestaciones llamando asesino a Rajoy por el sacrificio del perro Excalibur, contagiado de Ébola. Ahora, como mandan los suyos (de hecho manda la ultraizquierda, empotrada en el Gobierno sanchista) 150.000 muertos de covid o 47 por el descarrilamiento de un tren al pasar por una vía defectuosa les parece un coste perfectamente asumible.

Los ferrocarriles forman parte de la imagen que ofrece cualquier país al mundo, especialmente si, como en el caso de España, somos exportadores de una tecnología de alta velocidad que resulta especialmente valorada en el extranjero. Porque no solo tenemos una de las mayores redes de alta velocidad ferroviaria del planeta Tierra, sino que también construimos esos sistemas en otros países que confían en España para dar un salto adelante en el campo de las comunicaciones terrestres. Por eso, la tragedia de Adamuz resulta especialmente grave, sobre todo si se confirma que el accidente se produjo como consecuencia de un deficiente mantenimiento del trazado férreo, una cuestión fundamental cuando sobre él viajan monstruos de cientos de toneladas a más de trescientos kilómetros por hora.

Sánchez tiene el problema de que la catástrofe se ha producido en un ámbito que era responsabilidad del que fue su número dos, encarcelado por corrupto a la espera de juicio, y ahora está bajo el control de un ministro impertinente y pendenciero, que dedica los mejores momentos del día a poner ocurrencias en las redes sociales para zaherir a los políticos del PP. Esto no significa necesariamente que Óscar Puente sea culpable del descarrilamiento, pero la responsabilidad política opera de manera distinta de las de tipo administrativo y penal, por lo que el accidente afectará, sin duda, a su futura carrera política.

Lo sustancial es que pagamos impuestos del primer mundo y recibimos servicios lamentables, algo que debería llamar a la reflexión de los ciudadanos a la hora de exigir responsabilidades a los que gobiernan en cada institución. Sobre todo cuando en departamentos que mueven miles de millones de euros anuales en contratos de todo tipo surgen bolsas de corrupción que acaban llevando a la cárcel a los titulares y su círculo más cercano.

Porque las comisiones ilegales no las pagan las empresas. Las pagamos los contribuyentes, porque los licitadores ya se encargan de inflar la ejecución de los contratos de manera conveniente, para compensar las mordidas que han entregado para hacerse con su adjudicación.

La corrupción tiene consecuencias que no se circunscriben al trauma de los golfos que acaban entre rejas. Un entramado corrupto pervierte el sector en el que se instala y degrada los servicios públicos. En el caso de infraestructuras críticas como el ferrocarril de alta velocidad, el riesgo de que ocurran desgracias como la de Córdoba se eleva hasta extremos inasumibles.

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