Imagen de archivo de varias mujeres con nicab. / EFE

Nunca he visto a una mujer con burka en España, pero sí con velo integral. En el tranvía, por ejemplo, en pleno verano: una mujer sentada frente a su marido. Él con camiseta de rótulo llamativo, bermudas, zapatillas Nike y gorra con la visera hacia atrás. Ella, cubierta de arriba abajo, apenas visible tras la tela. Lo que siento es pena y vergüenza. Lo primero por ella; lo segundo, por él. No por su fe, ni por su origen, sino por la evidencia de una desigualdad exhibida en público. Una desigualdad intolerable que impide la expresión de la libertad individual.

Eso es lo que les contesté a mis amigos, que ayer se enzarzaron inmediatamente en una discusión a cuenta del debate en el Congreso sobre la prohibición del burka. «¿Somos liberales o reaccionarios?» «¿Quién soy yo para prohibir a nadie que se vista como quiera? ¡Qué manía de decir a los demás lo que tiene que hacer!» «Pero llevar un burka no es libertad religiosa si las mujeres no pueden decidir». El debate quedó atrapado en un falso dilema: o libertad individual absoluta o imposición estatal de valores. El planteamiento es erróneo. Una cosa son las ideas abstractas, las emociones o los gustos; otra, las leyes. Y las leyes no pueden escribirse a golpe de indignación moral ni de entusiasmo identitario. Deben atender a las consecuencias, pero, sobre todo, a la colisión de derechos.

Porque de eso se trata: de una colisión entre la libertad religiosa y otros bienes constitucionales como la igualdad, la dignidad de la mujer o las exigencias mínimas de convivencia en el espacio público. La libertad religiosa es un pilar de cualquier sociedad democrática, pero no protege cualquier acto inspirado en una religión ni garantiza comportarse en la esfera pública exactamente como dicte una creencia. El papel del Estado, como regulador neutral, es determinar si una medida restrictiva es proporcional y está justificada.

Nos gusta fijarnos en la republicana Francia, y hacemos bien. En 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la ley francesa que prohíbe el velo integral en espacios públicos. Aceptó el argumento del “vivir juntos”: mostrar el rostro facilita la interacción social y el reconocimiento mutuo. Estrasburgo entendió que la ocultación sistemática del rostro podía percibirse como una barrera contraria a los requisitos mínimos de la vida en común. Aunque prohibir es una medida extrema que afecta a la libertad individual, algo hay que hacer para evitar que se normalice en nuestra sociedad una práctica que simboliza la represión de las mujeres. Se debe conjugar la libertad individual con la promoción de condiciones sociales que permitan que esa libertad sea real.

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En España, para variar, el debate se distorsiona. Vox mezcla la invocación feminista con su guerra contra la inmigración, mientras la izquierda se enreda con su relativismo multicultural. El resultado es oportunismo y ruido. La pregunta no es si nos gusta o no el burka. A nadie le gusta. La pregunta es si el Estado, en nombre de la convivencia y la igualdad, puede limitar su uso sin vulnerar la libertad individual. En este caso, la prohibición es una defensa de la libertad.

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