Cómo hacer frente a la invasión fotovoltaica
Tenía que llegar el día y ya está aquí: el día en el que resulta imposible ocultar las consecuencias de años de recortes, abandono y desidia en los servicios públicos de la Región de Murcia por parte del Partido Popular.
Seguro que lo has leído, escuchado o lo estás sufriendo. Es un goteo de hechos que parecen «incidencias», pero que, vistas en conjunto, dibujan algo mucho más grave: un deterioro que ya no afecta solo a la calidad del servicio, también a su seguridad. No hablamos de cosas menores. Tu vida puede depender de ello.
Si vives en Calasparra y tienes una urgencia médica, puedes encontrarte el servicio cerrado por falta de personal. Y si sufres un ictus o un infarto, puede ocurrir que la única UME disponible en toda la comarca del Noroeste para ese traslado no llegue a tiempo para llevarte al hospital Virgen de la Arrixaca. Los propios médicos lo han advertido. También puede pasarte que acumules meses esperando una cita con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica; y que ese retraso tenga consecuencias que ya no se pueden corregir.
Imagina un incendio en tu casa o en tu empresa. Puedes tener la mala suerte de vivir en municipios como Águilas, Mazarrón o San Pedro del Pinatar, cuyos parques de bomberos no disponen de vehículo en altura para realizar un rescate. Y entonces, cuando lo urgente sucede, la pregunta deja de ser «si el servicio funciona» y pasa a ser otra mucho más cruel: «Si llegamos a tiempo».
Eso último ha ocurrido en Águilas. Dos personas atrapadas en un tercer piso mientras las llamas devoraban la vivienda. Los bomberos llegaron en tiempo récord, pero no tenían medios materiales para rescatarlas. La suerte quiso que cerca hubiese una plataforma elevadora de una empresa privada que permitió socorrer a las víctimas. De no haber sido así, hoy podríamos estar lamentando una tragedia.
No sucedió un día cualquiera: sucedió en una fecha clave para la localidad, durante la celebración de su Carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional. Ni siquiera ante una previsión evidente de presencia masiva de visitantes el Gobierno regional del PP pensó en reforzar, aunque fuera temporalmente, los medios del parque de bomberos. Si esto puede pasar en Águilas en pleno Carnaval, imagina lo que puede pasar en tu municipio un día cualquiera.
Lo peor es que al Gobierno de López Miras no solo no le importa, sino que además pretende sacar pecho. Ha llegado a presumir de la presencia casual de una plataforma privada, y de una supuesta «buena dotación» de 10 vehículos en altura para atender las necesidades de 43 de los 45 municipios de la Región de Murcia. Diez escaleras para todo el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. Eso no es planificación: es irresponsabilidad.
Los bomberos del Consorcio llevan una década denunciando que el Gobierno regional pone en peligro sus propias vidas por falta de medios seguros y suficientes para hacer su trabajo. Y esta situación se repite, alarmantemente, en el caso de los bomberos forestales.
No queremos asustar, pero sí advertir con claridad. Llevamos años alertando de la fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena, revestida con un material inflamable similar al del edificio de Campanar en Valencia, donde murieron 10 personas. Santa Lucía ya ha sufrido dos incendios; el último, el 26 de noviembre, no acabó en desgracia por la profesionalidad del personal del hospital.
La Asamblea Regional instó también al Gobierno de López Miras a sustituir ese material. ¿Y qué ha hecho? Volver a demostrar su falta de prioridades: instalar cámaras de videovigilancia para que no se fume, como si un fuego solo pudiera iniciarse por esa causa. Así es como entienden la seguridad de miles de personas que acuden a diario al principal hospital de Cartagena.
Esta Región merece algo más que bomberos sin escaleras y un Gobierno instalado en la propaganda. Merece una gestión seria, útil y responsable, como la que está defendiendo Francisco Lucas: políticas que protejan y mejoren la vida de la gente. Porque la falta de gestión del Gobierno regional ya no es una discusión política: ya está poniendo en peligro a las personas.
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