Juan José Fernández, decano del Colegio de ingenieros de Minas: "Fue un error suprimir el servicio de Seguridad Minera; en Asturias hay 150 explotaciones activas"

"Cuando se trata de una inspección ordinaria, me parece razonable y operativo que se avise antes; otra cosa distinta es cuando hay algún tipo de denuncia"

"Los inspectores de minas no tienen la culpa de que el explotador haya hecho una auténtica barbaridad como ésta; no obstante, sería mejor que tuviesen más medios que los que tienen, como tenían antes"

Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. / LNE

Juan José Fernández Díaz es doctor ingeniero de Minas y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Forma parte de la Comisión Especial para la Investigación del Accidente de Blue Solving. En esta entrevista, analiza el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado sobre el funcionamiento del servicio de Minas en relación con el accidente del 31 de marzo de 2025 en la explotación de Cerredo (Degaña), en el que fallecieron cinco trabajadores.

¿Qué valoración le merece el documento?

El informe, en general, es positivo. Todos los departamentos necesitan mejorar y este tipo de informes contribuye a destacar cosas que sería bueno mejorar. Es un informe bastante minucioso en cuanto al funcionamiento y a asuntos relacionados con la legislación, sin entrar en valoraciones técnicas

¿Qué contenidos resaltaría?

No quiero entrar en matices políticos. Desde el Colegio, nos atenemos a posicionarnos sobre cuestiones técnicas y profesionales, con independencia de que gusten a unos o a otros. De entrada, hay que destacar que Ley de Minas actual es de 1973. Es una gran ley, pero es preconstitucional y está necesitada de algunas modificaciones como consecuencia de la entrada en juego de las comunidades autónomas, que ahora tienen las competencias de inspección y vigilancia. Además, hay muchas cuestiones de interpretación, porque las cosas cambiaron mucho en los últimos 53 años. Los expertos no siempre nos ponemos de acuerdo en la interpretación.

La organización del servicio de Minas

¿Cómo ve la evaluación que se hace sobre la organización del servicio de Minas del Principado?

En su momento, ya dijimos que no nos parecía bien la supresión del servicio de Seguridad Minera. Había un jefe del servicio, que era ingeniero de minas, con dos actuarios, que también lo eran, y se encargaban, junto con personal administrativo, de hacer las revisiones específicas de seguridad minera. El servicio de Seguridad Minera era el responsable de las inspecciones, vigilancias, planes de labores y trámites administrativos de las minas que están en marcha. Había un segundo servicio que llevaba la parte de ordenación, que es la que se encarga de todos los trámites para poner una mina a funcionar. Hasta 2019, estaban los dos servicios, uno de ordenación y otro de seguridad. A partir de esa fecha, se unificaron, pero con una disminución de medios personales, básicamente de personal técnico, para hacer las inspecciones. A raíz de esa decisión, fueron arreglándose, porque hay buenos ingenieros de minas, pero con menos personal del que era necesario.

¿Por qué fue un error suprimir ese servicio? En teoría, Asturias ha perdido muchas minas…

Es verdad que han cerrado minas de carbón, pero en Asturias hay entre 140 y 150 explotaciones mineras activas. Por otro lado, todo lo relacionado con el Instituto para la Transición Justa, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, conlleva un montón de tramitaciones que no se simplifican con el cierre de las minas de carbón, más bien todo lo contrario. Es decir, se redujo personal cuando no se estaba reduciendo la carga administrativa y la carga del personal técnico. Ese servicio de Seguridad Minera debería recuperarse.

Las conclusiones del informe hablan de la desactualización del catastro minero…

El catastro minero es el registro de todas las concesiones mineras y a quién corresponden. Una concesión minera es un terreno que te adjudican para explotar algo. En el año 2015, se cambiaron las referencias de localización y, como consecuencia, los puntos de referencia de las concesiones mineras. Todo eso debería haberse adaptado e informatizado. Es un tema de gestión que puede resolverse en poco tiempo.

El dictamen se refiere a la transmisión de derechos mineros…

La normativa habla de solvencia técnica, de solvencia económica… Pero no explica exactamente qué es lo que hay que hacer para acreditar esa solvencia. Habría que establecer algún procedimiento para acreditarla. Ahora mismo, queda un poco al buen criterio de los actuarios, de los inspectores.

El papel de los inspectores de minas

¿El modo de hacer las inspecciones de las minas queda en entredicho?

Yo fui director facultativo de minas importantes durante bastantes años. Al final, el actuario, me solía avisar el día anterior de que iba a venir.

Es simplemente por una razón operativa. Y se hace igual en las inspecciones mineras de toda España. Y también en otros departamentos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o incluso en Hacienda.

Porque ante una inspección hace falta un responsable, en este caso el director facultativo. Y hace falta documentación. Si el inspector llega a las nueve de la mañana y no está el director facultativo, no hace nada. El director facultativo de una mina pequeña puede llevar hasta diez explotaciones, puede que no esté físicamente. Entonces, cuando se trata de una inspección ordinaria, me parece razonable y operativo que se avise. Otra cosa distinta es cuando hay algún tipo de denuncia… Visitas por sorpresa siempre las hay.

¿Una explotación ilegal puede ocultarse al inspector?

Una mina de interior tiene una estructura suficientemente compleja para que, aunque avisen a los dueños el día antes por la tarde, no sea posible ocultarlo. O sea, en 24 horas no puedes esconder una ilegalidad, cuando obras de buena fe. Además, el inspector te avisa de que va a ir, pero no te dice en concreto qué va a visitar.

¿Y en caso de denuncias?

Según mi experiencia, los actuarios aparecen por la mañana y sin avisar.

El informe de la Inspección dice que se avisaba a las empresas de las denuncias…

Las denuncias se deben en algunos casos a rencillas entre unos y otros o, simplemente, son inconcreciones genéricas, y se puede comentar previamente... Siempre que no versen sobre seguridad minera, por supuesto, que es una temática que no admite paños calientes. En todo caso, esos preavisos no son un método generalizado. Otra cosa es que sea necesario mejorar la informatización y la recepción  de las denuncias.

¿Usted entiende que no se puede desacreditar la labor de los inspectores?

Por supuesto que no. Los inspectores son profesionales con mucha experiencia. Además, la seguridad minera de Asturias siempre ha sido una referencia nacional. Como colegio profesional, nos molesta mucho que se desacredite a profesionales de gran cualificación. No es fácil tener personal de buena cualificación en estas tareas. La mina es un tema complicado y la normativa minera, también. El accidente de Cerredo fue el 31 de marzo de 2025 y los inspectores habían estado en octubre de 2024. El seguimiento era razonable.

¿Quién es el culpable de la muerte de cinco mineros en Cerredo?

La autorización que tenía la empresa era para recuperación de material. Se decía expresamente que no podían extraer carbón, más allá del que se pudiera sacar como consecuencia de recuperar ese material.

Hay un informe del accidente que es concluyente. Era una explotación ilegal y no autorizada. Una explotación sin ventilación, sin las medidas elementales de seguridad, pero una explotación en toda regla, no autorizada y sin la ventilación adecuada. Eso hace que haya una acumulación de grisú, de metano. En concentraciones entre el 5% y el 15%, la mezcla de metano y aire es explosiva, y se puede iniciar la explosión con una chispa o una llama activa. En este caso, se produjo una explosión de metano en toda regla. El explotador sabía que no podía explotar carbón en ese nivel 3.

¿Esa instalación que estaba fuera de la ley debería haber sido detectada antes?

Esa instalación fuera de la ley es difícil de detectar cuando se obra de mala fe. En una mina de interior hay suficientes galerías como para que si yo quiero camuflar una explotación irregular pueda hacerlo sin que el actuario lo sepa.

Igual que si en una carretera pones una dirección prohibida, en la mina lo que se suele poner es una cruz de San Andrés, en forma de aspa, y significa que no se puede pasar por ausencia de medidas de seguridad. Si un inspector va a una galería y encuentra una cruz de San Andrés, no entra. Si el empresario obra de mala fe y lo que quieres es encubrir una explotación ilegal, tiene formas de hacerlo.

¿El inspector no tiene la culpa de no haberlo detectado?

Entiendo que no. En la inspección de octubre de 2024 detectaron trabajos compatibles con la recuperación de material. Nada te hace pensar que detrás de eso va a haber una explotación clandestina. En ese caso, un empresario minero ya no es un empresario minero, es otra cosa.

El papel de los empresarios mineros

¿Eso puede dejar en entredicho al colectivo de empresarios mineros?

Para nada. De hecho, actualmente, los índices de accidentalidad en las minas son más bajos que en otros sectores, como la construcción. Eso quiere decir que durante muchos años todo lo que se hizo en seguridad ha servido para algo. Los empresarios mineros de la actualidad lo saben muy bien y respetan lo que es la minería. Puede quedar alguna reminiscencia del pasado, como ha sucedido en Cerredo, y si un empresario se salta la ley no siempre es fácil detectarlo. Pero los actuarios de minas no tienen la culpa de que el explotador haya hecho una auténtica barbaridad como ésta. En Asturias los inspectores tienen que visitar entre 140 y 150 explotaciones activas, y realizan unas 300 visitas al año. Legalmente, tienen la obligación de hacer como mínimo una visita anual, y están haciendo de media más del doble. No obstante, sería mejor que tuviesen más medios que los que tienen, como tenían antes. Pero en todo caso hacen su trabajo y lo hacen bien.

Y si los inspectores llegaran por sorpresa, ¿no sería más fácil detectar esas irregularidades?

Cuando va un inspector, se le recibe fuera, a 50 o 60 metros, en la plaza. Si se quiere actuar de mala fe, entra alguien en la mina y pone una cruz de San Andrés en no sé qué galería, y ya está. ¿Es culpa del funcionario, del actuario en este caso? Entiendo que no. Otra cosa es que luego el actuario, con su experiencia, pueda detectar ese tipo de cosas tan rápidas y tan pequeñas. No es fácil detectar unas maniobras hechas de mala fe.

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