El 8 de marzo, quedó definida la composición partidista del Congreso. El balance no es promisorio. La extrema derecha y derecha, pueden negociar mayorías. El constituyente primario debe prepararse para actuar.

El Congreso, junto con el Poder Ejecutivo, los gremios económicos y el Régimen político institucional, se puede demostrar, son los responsables del subdesarrollo, la inmoralidad, la politiquería, la corrupción y la impunidad que padece Colombia.

La  epidemia de inmoralidad, politiquería, clientelismo, corrupción, impunidad y desgobierno, siempre ha existido, en Colombia, pero se profundizó y agudizó, con la desaparición de los partidos políticos (plebiscito 1957, miti-miti), partidos supuestamente guiados, por ideologías político-económicas.

Los partidos políticos fueron reemplazados por organizaciones electorales, que cada  cuatro años, explotan y disfrutan el festín electoral, que les permite continuar el dominio del poder institucional y la explotación de los recursos públicos.  

La problemática socioeconómica-política, desempleo, subempleo, criminalidad,  inseguridad y subdesarrollo general, en que está sumida Colombia, es consecuencia directa de la mezquindad, irresponsabilidad, mediocridad y deshonestidad de quienes han ejercido y ejercen el  poder público institucional.

Sin profundas, radicales e integrales reformas socioeconómicas, políticas, jurídicas institucionales, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para erradicar la corrupción y el narcotráfico, es imposible lograr cambios reales y efectivos, que garanticen  desarrollo socioeconómico, científico, técnico e industrial integrales, de la nación.

La mayoría de  los candidatos desconocen las causas básicas de la problemática nacional o las ignoran y trivializan. La evidencia: ninguno platea soluciones prácticas, reales y concretas. Basta  escucharlos, para comprobar la ignorancia y folclorismo, de sus planteamientos y promesas.  

Las reformas institucionales, para la reconstrucción de Colombia, deben corregir, las evidentes imposiciones neoliberales, impuestas al marco institucional nacional, con las que hicieron efectivo el sometimiento de la nación, a las directrices e imposiciones del poder transnacional dominante.

Bajo nefastas condiciones de irresponsabilidad social, política e institucional, el régimen político-económico colombiano gobernante, ha estimulado la privatización de lo público, y lo intensificó, a partir de la vigencia del Consenso de Washington de 1989.

La  constitución del 91, sutilmente introdujo el germen privatizador, efectos que hoy, son evidentes. Por ejemplo:

En el Sistema Nacional de Salud, con la ley 100/93 hoy esta privatizado.  En  el Sistema académico-educativo con las leyes, 30/92 y la ley 115/94, se privatizó. Hay muchísimo más colegios y universidades privadas que públicos. En  los Modos de transporte, privilegió el modo carretero, con la ley 5/94 y el auspicio del colapso de los  Modos de transporte Ferroviario y fluvial. En  todos los casos, con resultados absolutamente nefastos, para las mayorías nacionales y para el desarrollo nacional.

En los cuatrienios del gobierno del nefasto Uribe, desreguló los precios de los medicamentos e impuso la privatización y/o fusión de más de quinientas  empresas del estado y mixtas (entre otros: el ICSS y la Banca Pública, todo a favor del sector privado.

Son hechos y decisiones de los gobiernos, que el elector debe conocer y los candidatos deberían interpretar honestamente los resultados, frente a la realidad socioeconómica nacional y las perspectivas de soluciones prácticas institucionales, que demanda la nación.  

Los candidatos, generalmente evitan ocuparse del registro histórico, de la entrega del patrimonio público al sector privado, a pesar de los efectos desastrosos, contra las mayorías nacionales y el desarrollo de la nación.  

Mientras crecía la privatización de lo público, crecía el clientelismo, la politiquería, la corrupción y la impunidad.

La corrupción en la contratación pública, se tornó incontrolable, con el marco legal que la rige y la laxitud, inoperancia, tolerancia y complicidad, de los órganos de control, del poder judicial, la institucionalidad en general y los gobernantes de turno.

Los gremios económicos cogobiernan en Colombia. Y por eso las reformas institucionales que requiere Colombia, son rechazadas, deformadas y finalmente denegadas.

Es prueba que las mayorías del pueblo (más del 70%), necesitan mayorías en el Congreso, para lograr aprobación de reformas institucionales progresistas y así, poder reconstruir a Colombia.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad y concentración de riqueza en América Latina. Ocupa el cuarto lugar según datos de OSFAM-ONU 2026. El 1% más rico concentra alrededor del 33% de la riqueza nacional, mientras que el 10% de mayores ingresos posee cerca del 60%-71% del total. En contraste, la mitad más pobre de la población apenas reúne cerca del 4%.

Colombia, es el cuarto país con mayor concentración de riqueza en Latam: cuatro millonarios acumulan casi US$42.000 millones. Forbes Colombia Staff enero 20, 2026.

“Cuando el poder económico se traduce en influencia política, se debilitan las instituciones y crece la percepción de que el Estado gobierna para unos pocos”, señaló Jenny Gallego, responsable del Programa Influyente de Oxfam Colombia. Además, subraya que Colombia figura entre los países más desiguales del mundo.

El 1 % más rico concentra más del 40 % de la riqueza total nacional, mientras que la mitad más pobre de la población apenas posee una fracción mínima de los recursos nacionales.

Según Oxfam, esta concentración se ve agravada por un sistema tributario de carácter regresivo, en el que las personas de menores ingresos terminan pagando proporcionalmente más impuestos que quienes concentran grandes patrimonios.

La mayor parte de la carga fiscal recae sobre trabajadores y consumidores, mientras que grandes fortunas y corporaciones logran mantener una porción significativa de sus recursos fuera del país mediante mecanismos como el endeudamiento, el pago de intereses o las transferencias de capital.

En Colombia existen más de 290 beneficios tributarios, muchos de ellos sin evaluaciones periódicas sobre su efectividad. Para Oxfam, varios de estos incentivos persisten más por la presión de grupos empresariales que por su impacto real en la generación de empleo formal o en la productividad, lo que se traduce en una pérdida significativa de recursos públicos. Esta estructura fiscal, concluye la organización, limita la capacidad del Estado para invertir en educación, salud y otros derechos básicos, profundizando la desigualdad y reduciendo la movilidad social.

Para Oxfam, varios de estos incentivos persisten más por la presión de grupos empresariales que por su impacto real en la generación de empleo formal o en la productividad, lo que se traduce en una pérdida significativa de recursos públicos. Esta estructura fiscal, concluye la organización, limita la capacidad del Estado para invertir en educación, salud y otros derechos básicos, profundizando la desigualdad y reduciendo la movilidad social.

Frente a este escenario, el organismo plantea la necesidad de una reforma fiscal profunda orientada a redistribuir poder y riqueza. Entre las medidas propuestas están una mayor tributación al 1 % más rico, el control de la evasión y la elusión fiscal, la revisión de los beneficios tributarios a grandes corporaciones y el gravamen a los superbeneficios empresariales. De implementarse un paquete de este tipo, estima la organización, la región podría aumentar su recaudo en hasta 4 % del PIB, recursos suficientes para financiar políticas estructurales como la erradicación de la pobreza extrema, el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y una mayor inversión para enfrentar la crisis climática.

“LAC tiene los recursos para garantizar derechos y avanzar en un desarrollo justo y sostenible, pero hace falta una estructura fiscal que permita recaudar de forma más justa y suficiente” finaliza el documento. Son aspectos y cifras de la realidad socioeconómica y tributaria nacional

¿Los candidatos conocen la anterior información? ¿Son conscientes del significado, político, social, económico y fiscal, de esa realidad nacional, frente a los requerimientos del desarrollo integral nacional?  14-03-2026

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