Estamos a dos meses de la primera vuelta para elegir presidente y vicepresidente de la República. Es decepcionante verificar que, a estas alturas, por parte de algunas campañas y sus partidarios, el debate público no se adelante con ideas, propuestas ni programas serios, estructurados, en busca del interés general. Se prefiere el uso y abuso de redes sociales y medios de comunicación para el insulto, la amenaza, la calumnia, el señalamiento a candidatos -sin pruebas y sin existir sentencia condenatoria- como autores de delitos o como amigos de delincuentes. 

Es equivocado, por ejemplo, aprovechar el crimen cometido contra un precandidato para sindicar públicamente -sin fundamento alguno- a un candidato actual de ser autor intelectual o instigador del delito cometido, cuando el proceso penal respectivo no ha culminado. Más grave todavía es manifestar que el crimen pudo ser útil para llevar a la derrota electoral de uno de los candidatos. Eso no solamente desconoce la presunción de inocencia y atenta contra la honra y el buen nombre del aspirante señalado, sino que constituye un irrespeto a la memoria de la víctima.

La ciudadanía tiene derecho a que se le muestren los elementos de juicio para saber cuál es la mejor opción. Las ofensas y los agravios no son argumentos dignos en el curso de una campaña electoral.

Los electores deben ser debidamente ilustrados sobre lo que piensan hacer los candidatos en la dirección del gobierno, en caso de ser elegidos. Son muchas las necesidades y los problemas de todo orden que afectan al país, en materia económica, social; en los campos de la salud, la educación, la cultura, el trabajo, el orden público, el transporte, la vivienda, la integridad territorial, las relaciones internacionales.

En una auténtica democracia, el ciudadano debe votar en conciencia, según sus convicciones, pero sobre la base de una información completa y veraz, con el adecuado y pleno conocimiento acerca de las diferencias entre las propuestas de los distintos aspirantes a gobernar. Necesita conocer cuáles son las opciones, con miras a la realización del Estado Social de Derecho, la satisfacción del interés colectivo y el bien de la comunidad. Para ello no sirve el permanente discurso de odio al que se viene acudiendo.

No se olvide que, según el artículo 188 de la Constitución, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y está obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Es el jefe del Estado, del gobierno y la máxima autoridad administrativa; dirige las relaciones internacionales y la fuerza pública; orienta la economía; traza la política estatal en materia social.

El presidente tiene a cargo la enorme responsabilidad de conducir al Estado hacia la prosperidad general, la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la garantía de los principios, derechos y deberes de los gobernados; la protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades.

De suerte que, en cuanto se trata de escoger a quien ofrezca y se comprometa, con proyectos bien concebidos y elaborados, a brindar las mejores posibilidades para alcanzar los fines estatales, el debate electoral debe llevarse a cabo sobre esas materias, con altura, sobre ideas y proyectos, no sobre insultos.

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