Agoreros explotadores del negocio energético nacional, presagian inminente crisis en abastecimiento energía eléctrica y gas industrial, en toda la nación colombiana, en corto plazo. Lo cierto, es que el negocio de generación y comercialización de los recursos energéticos están privatizados y el negocio lo desarrollan al amparo del caos y anarquía institucional, que les garantiza el régimen gobernante, desde siempre y por ello, se oponen a toda reforma que controle el negocio. 

Todos los colombianos deberíamos saber y entender, que actividades dedicadas a la producción de recursos de consumo y servicios masivo, imprescindibles para la subsistencia diaria de los ciudadanos y para el desarrollo general de la nación, fueron privatizados masivamente, especialmente a partir de la vigencia del Consenso de Washington (1989), negociado por el gobierno de la época y aprobado por el Congreso, bajo términos y condiciones que impuso el dominante modelo político-económico internacional o capitalismo salvaje, garante de la concentración de la riqueza y el capital.

La propiedad y capacidad instalada, para le generación, distribución y comercialización de energía y gas, se concentró en empresas privadas (ACOLGEN entre otros), por decisiones de gobernantes de turno y el Congreso, al amparo del marco legal institucionalizado por el mismo Congreso. Las evidencias: privatización de hidroeléctricas públicas, tales como el Sistema hidroeléctrico ISAGEN (a precio de remate), Hidroeléctrica de Betania, las del Valle del Cauca, entre otras. Igual y por igual época ocurrió con el Sistema Nacional de Salud (ley 100/93), hoy esta privatizado, alrededor del 90% y dominado por la politiquería, el clientelismo y la corrupción. La fiebre no se debe buscar en las sábanas. Las responsabilidades de la inequidad socioeconómica, del subdesarrollo nacional y del explotado aspaviento sobre crisis de abastecimiento, ampliamente obedece a cálculos interesados y fines comerciales.

Igual ocurrió con el Sistema académico-educativo y las leyes, 30/92 y115/94. Hay muchísimo más colegios y universidades privadas que públicos, a partir de la vigencia de esas leyes. Ocurrió con el patrimonio público de los Modos de transporte. Privilegiaron el modo carretero, con la ley 5/94 y las principales troncales viales, a través de Concesiones y propiciaron el colapso de los Modos de transporte Ferroviario y fluvial. En todos los casos, con resultados absolutamente nefastos.  

En los cuatrienios del gobierno del nefasto Uribe, desreguló los precios de los medicamentos e impuso la privatización y/o fusión de más de quinientas empresas del estado y mixtas (entre otros:  el ICSS y la Banca Pública, todo a favor del sector privado. Son hechos y decisiones de los gobiernos, que siempre han favorecido el sector privado.

El elector debe conocer esos hechos de absoluta irresponsabilidad político-administrativo y los resultados de anteriores gobiernos y explicarlos a los electores, a lo largo y ancho de la geografía nacional, precisando los responsables de la realidad socioeconómica nacional, sus responsables y las perspectivas de soluciones prácticas, que demanda la nación. Los candidatos, generalmente evitan ocuparse del registro histórico, de la entrega del patrimonio público al sector privado, a pesar de los efectos desastrosos, contra las mayorías nacionales y el desarrollo de la nación. 

Mientras crecía la privatización de lo público, crecía el clientelismo, la politiquería, la corrupción y la impunidad. El sistema Nacional de Salud, es el referente más desastroso y evidente de las privatizaciones irracionales e irresponsables, propiciadas y protegidas por el régimen gobernante, en Colombia, desde hace más de dos siglos. Es un imperativo moral, social y humano, defender y proteger los recursos y riquezas naturales nacionales y su explotación orientarla técnica y honestamente, para satisfacer equitativamente necesidades colectivas de los seres vivos.

Es el mandato social, ético y moral para defender los recursos nacionales y evitar el accionar irresponsable y abusivo de transnacionales, que con el beneplácito y la complicidad de quienes ejercen poder público e institucional, facilitan el saqueo y explotación, por multinacionales y privados, en contra de legítimos derechos de las mayorías nacionales.  

Al respecto, las utilidades que producía y produce la CHB (Central Hidroeléctrica de Betania, desde 1997 y El Quimbo desde 2015, no van a fortalecer los presupuestos anuales de la nación.  El Proyecto Quimbo, fue previsto como uni-propósito y para alargar la vida útil y rentabilidad de Betania producir riqueza a una multinacional, con el beneplácito del gobierno de Uribe.

El espejismo irreflexivo y la irresponsabilidad social y políticas de la clase dirigente nacional y la institucionalidad, relativos a la defensa y protección de los recursos patrimoniales de la nación, son los responsables de la existencia del Quimbo, bajo los términos en que fue impuesta, la venta de ISAGEN, Hidrosogamoso y sistema energético del Valle del Cauca, negociadas bajo los privilegios y gabelas validados por el gobierno de turno, en el presente siglo.  

La presentación maquillada de justificación de las privatizaciones y los espejismos de sus efectos positivos (ante Cámara de Comercio de Neiva-2007-2008), sobre El Quimbo, pudo y puede seguir deslumbrando incautos y entregando la riqueza nacional a cambio de nada. La principal afectada es la soberanía nacional, seguida por pérdida de recursos naturales y patrimoniales de la nación y oportunidades de desarrollo nacional y regional.

El anuncio de la construcción del Quimbo, fue disfrazado con el concepto de Concesión y presunto desarrollo regional, en el primer gobierno de Uribe, pero la aparente y pregonada concesión, no tiene fecha de vencimiento. De esa energía no consumen los huilenses. ¿Es una concesión? No está definida la fecha de reversión a lo público y el uribismo que decidió la entrega, guarda total silencio. Debe responder la PALONA. Es oportuna pregunta a la candidata.

Por ello se debe impedir la entrega de Electrohuila a ENEL-EMGESA u otra multinacional y se debe exigir la definición de la fecha de reversión del sistema hidroeléctrico El Quimbo, al departamento del Huila. Es un desafío para los congresistas del Huila, hacer que ENEL-EMGESA, cumpla con las obligaciones legales precisadas en la Licencia Ambiental y en la Sentencia Judicial de 2020, del Tribunal Administrativo delo Huila.

Toda esa tropelía de inmoralidad, irrespeto nacional, entrega de soberanía y sumisión al capital transnacional, con la anuencia y complacencia del diabólico gobierno de Uribe y gobiernos posteriores a esos nefastos periodos y la institucionalidad vigente, hasta hoy.

Esas reclamaciones, deben convertirse en un imperativo moral y social para el actual gobernador y el próximo presidente de Colombia.  Son temas para plantear ante el gobierno central y para exigirle, que, en la anunciada, venta de Electrohuila, se privilegien los derechos legítimos del departamento y facilite esa adquisición y no la entregue a multinacionales o monopolios económico-empresariales nacionales. El Huila puede y debe hacerse a la propiedad de Electrohuila y mediante el sistema de acciones, vincular a todos los municipios del Huila, pequeñas cooperativas y privados sin superar el 3% accionario de la empresa huilense.

El departamento, y sus 37 municipios, con recursos del crédito y reducción de la nómina paralela, puede participar como socios, de la empresa de generación de energía del Huila, partiendo de la negociación y compra de Electrohuila, y de esa manera, explorar, definir y ejecutar la construcción de Micro-Centrales hidráulicas, centrales eólicas y fotovoltaicas, en el departamento. En países industrializados, familias pueden y en efecto son, accionistas de empresas mixtas.

Para cubrir esas inversiones, pueden recurrir al crédito. Se realizan y amortizan en varios años. Pueden aprender a invertir y responder los entes públicos y particulares, por esas inversiones y evitar más privatizaciones y dominio del negocio energético e impulsar el desarrollo, regional nacional, y en el mediano plazo, generar ingresos al presupuesto público.  

La decisión del Departamento del Huila de constituir la empresa de energía eléctrica del Huila, requiere quien piense y decida y organice y dirija y asuma responsabilidades. Lo ideal: que sea mayoritariamente pública, del Departamento del Huila y sus Municipios.

Se requieren políticas de estado, coherentes con el crecimiento de la demanda de servicios energéticos y con la desprivatización del abastecimiento de esos servicios domiciliarios, en el Huila y en cada departamento colombiano.

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