La última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la noticia posterior de que no ha ido acompañada de un aumento del mínimo exento de tributación al Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas (IRPF), ha mitigado el impacto económico de una medida necesaria. El aumento de 50 euros mensuales en el SMI, si bien insuficiente para compensar la inflación, supone una leve mejora en el poder adquisitivo de los sectores peor pagados de la clase trabajadora. Aunque se trate de limitados avances que nunca resarcirán la injusticia estructural del capitalismo, es, sin duda, positivo que el salario mínimo ascienda a 1.184 euros mensuales y que haya aumentado un 60,91% desde 2018.

Sin embargo, la celebración ha quedado en un segundo plano por el jarro de agua fría que implica que el 20% de los perceptores del SMI tengan que pagar este impuesto por primera vez en su declaración de la renta. La decisión del Ministerio de Hacienda de no adaptar las bases de tributación para impedir que los que menos cobran tengan que tributar por el IRPF, ha provocado una crisis al interno del Gobierno de coalición PSOE-Sumar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 11 de febrero se pudo observar la tensión entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a cuenta de la tributación. Díaz aseguraba que se había enterado por los medios y Alegría lo negaba. Cuesta creer que los negociadores del Ministerio de Trabajo hubieran pasado por alto un detalle nada menor, o no hubieran acordado con el Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero, que se ampliara la base exenta de tributación para ajustarla a la nueva situación, como se había realizado hasta la fecha. Sea como fuere, ambas ministras, y vicepresidentas........

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