El fallo contra el Fiscal General del Estado: ‘lawfare’ y límites de la Transición a la democracia
Este 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la Sala Segunda del Tribunal Supremo adelantó el fallo de la causa especial 20557/2024 contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El Alto Tribunal considera a García Ortiz autor de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, empresario que supuestamente habría defraudado más de 350.000 euros de las comisiones recibidas por la venta de mascarillas durante la pandemia.
Alberto González Amador, también conocido como Alberto Quirón, por haber trabajado para esta empresa sanitaria privada, es casualmente pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También casualmente, en estos seis años de gobierno de Díaz Ayuso en la comunidad, Quirón ha recibido más de 5.000 millones de euros en contratos con sus hospitales por parte de la Comunidad de Madrid, en un proceso de privatización encubierta de la sanidad madrileña.
La filtración de los intercambios del abogado de González Amador con la Fiscalía para llegar a un acuerdo en que se reconocía el fraude fiscal a la Hacienda pública, imputada a García Ortiz a pesar de que durante el juicio varios periodistas declararon haber accedido previamente a los correos entre el abogado del novio de la presidenta y la Fiscalía a través de otras fuentes que se negaron a desvelar, amparándose en el derecho constitucional que les asiste, están en el origen de este caso. También las maniobras del jefe de Gabinete de la presidenta de la comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, que transmitió a la prensa afín al PP el bulo de que era la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador pero que “órdenes de arriba” lo habían impedido, insinuando la participación del propio presidente del Gobierno a través de García Ortiz. El desmentido oficial de las mentiras vertidas por Rodríguez con una nota de prensa desde la Fiscalía desencadenó la imputación al fiscal.
A pesar de que no se ha podido demostrar con pruebas que el Fiscal General del Estado fuera el responsable de trasladar a los medios ese correo inicial en que el abogado de González Amador reconocía el fraude, el fallo de........





















Toi Staff
Sabine Sterk
Gideon Levy
Penny S. Tee
Mark Travers Ph.d
John Nosta
Daniel Orenstein
Beth Kuhel