Uno de los rasgos más persistentes de la política mexicana es el temor estructural de sus funcionarios a contradecir, incomodar o incluso malinterpretar la voluntad de Estados Unidos. No es un miedo irracional ni una cobardía individual, sino una conducta aprendida y normalizada. Nace de la historia, se refuerza con la dependencia económica y se reproduce en una élite formada bajo la lógica del poder dominante. Lo que se dice, se calla o se decide frecuentemente se filtra según lo que Washington puede tolerar. 

La raíz es profunda. Tras la guerra de 1846-1848, México perdió más de la mitad de su territorio y quedó marcado por una relación desigual con su vecino del norte. En el siglo XX, esa subordinación se expresó desde la ocupación de Veracruz en 1914 hasta las presiones tras la expropiación petrolera de 1938. En los 80, la crisis de la deuda colocó al país bajo la tutela del Tesoro estadunidense, el FMI y el Banco Mundial. Fue el inicio de un condicionamiento sofisticado pero limitante. 

El TLCAN, firmado en 1994, profundizó esa lógica. Presentado como un acuerdo entre iguales, en la práctica insertó a México en las cadenas de valor de Norteamérica como proveedor de bajo costo. Hoy, más de 84 por ciento de nuestras exportaciones va a Estados Unidos, las remesas alcanzaron 63 mil 300 millones de dólares en 2023 –4.1 por ciento del PIB–, y 95 por ciento provino de connacionales en Estados Unidos. Más de 50 por ciento de la inversión extranjera es estadunidense y más de 70 por ciento del sistema bancario opera con capital extranjero. Esta red de vínculos configura dependencia: cualquier gesto de autonomía........

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