En los últimos días, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ha ofrecido una demostración de circo, maroma y teatro con la finalidad de: 1) lavarse las manos por el desastre del examen de licenciaturas de este año; 2) convencer de que lo justo es que se repita la prueba y 3) ocultar a la empresa Territorium Life, a la que contrató la institución para que realizara la prueba en forma remota. Es curioso que en el informe de la comisión técnica a la que encargó investigar las irregularidades no se mencionara al proveedor. Tampoco el rector lo hizo. Es intrigante que haya renunciado Patricia Dolores Dávila Aranda a la secretaría general sin informar si fue la culpable del fiasco (¿o chiva expiatoria?) Lo que está claro es que un contrato de servicios, cuya cuantía va de 40 a 100 millones de pesos, asignado en forma directa, no puede firmarse sin la autorización, o al menos, el conocimiento del rector. ¿Y el contrato, apá?

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