No es novedad que los consorcios mineros que operan en México violen la ley, cancelen derechos laborales, se inmiscuyan en los asuntos internos de un sindicato e intenten imponer una organización charra para que le cuide sus intereses. Sin embargo, parece que se hace costumbre que la autoridad nacional (secretarías de Economía y Trabajo, más la Fiscalía General de la República) no atiendan los reclamos y artificialmente los dejen crecer, con todo y que las denuncias sobre la violación de los derechos laborales se presentan, ratifican y exigen solución, pero nadie las atiende y no se investiga, de tal suerte que todo ello deriva en la intervención del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR).

Y las denuncias no sólo son sobre la violación de la libertad sindical y el derecho de asociación, sino que entre las más recientes aparece una que acusa a la empresa minera Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas (de la canadiense Orla Mining), de contratar al crimen organizado para actuar como grupo de choque en contra de integrantes del Sindicato Nacional Minero (titular del contrato colectivo), que preside Napoleón Gómez Urrutia, quien ha denunciado esta........

© La Jornada