Ya pasaron tres semanas desde el inicio de las movilizaciones y la revuelta popular en Bolivia entra en una fase crítica. La noche del 20 de mayo, el presidente Rodrigo Paz dio una conferencia de prensa de cincuenta minutos con el objetivo de calmar los ánimos. Apeló al diálogo con los distintos sectores sociales y anunció algunas medidas. Mencionó cambios en su gabinete (que no especificó) y un corredor humanitario para transportar alimentos y combustible a la capital. También propuso un comité económico y social mensual con representantes de los movimientos sociales. Ninguna solución concreta para resolver el conflicto.

Tras dos días de relativa calma en las calles de la capital, el 21 de mayo la Central Obrera Boliviana (COB) convocó una gran marcha «por la democracia» en La Paz, que reunió a una multitud inmensa. El mapa del conflicto se desplazó: lo que se concentraba en La Paz se extiende ahora a todo el país, con cerca de cincuenta puntos de bloqueo en las principales rutas, que paralizan el tránsito interdepartamental. Desde comienzos de mayo, Bolivia es escenario de luchas contra el gobierno ultraderechista de Rodrigo Paz Pereira, en el poder hace apenas seis meses. Asistimos a una nueva escalada de las tensiones sociales, con movilizaciones masivas y bloqueos de rutas, el cerco a La Paz y, ahora, el pedido de renuncia del presidente.

El conflicto comenzó en abril con una gran marcha de campesinos e indígenas que partió de la región amazónica del norte del país contra la Ley 1720. Esa norma permite transformar la pequeña propiedad agrícola en propiedad de mediana extensión y usarla como garantía hipotecaria, con el fin de ampliar el mercado de tierras para el agronegocio. Después de veinticuatro días de movilización, la marcha consiguió la derogación parcial de la ley: una primera victoria importante frente a los proyectos del gobierno y la voracidad del agronegocio.

El 1 de mayo, la COB convocó una huelga general y se montaron quince bloqueos en distintas rutas del departamento de La Paz, lo que dificultó el tránsito y perturbó el abastecimiento de la capital. El frente de movilización reúne a campesinos e indígenas, a los cocaleros del Chapare y de los Yungas (EVOPueblo), a la COB, a los mineros (FSTMB) y las cooperativas mineras, al magisterio, a los trabajadores del transporte público, a las juntas vecinales de El Alto, al estudiantado, a los «ponchos rojos» aimaras, al personal de salud, a pequeños comerciantes urbanos. Todos presionan al gobierno para que derogue las medidas de austeridad de los últimos meses y resuelva la persistente escasez de gasolina y diésel, en un contexto de fuerte aumento del costo de vida. El descontento pasó de los reclamos locales a un sentimiento antigubernamental más general, que exige la renuncia del presidente.

El gobierno y la embajada de EEUU, secundados por los medios, presentan todo esto como «el conflicto de Evo», que estaría manipulando a las masas. En los hechos, a pesar de que Evo sigue siendo le líder de izquierda más seguido del país, cada sector tiene sus propias reivindicaciones. La COB se opone al cierre de las empresas públicas y exige un aumento salarial del 20 %. El magisterio reclama más presupuesto para la educación. El transporte pesado pide combustible de calidad y una indemnización por los daños que causó la gasolina adulterada. Sectores próximos a Evo también se movilizaron para reclamar el fin de procesos judiciales injustos. Quienes hoy se manifiestan y piden la renuncia de Paz son algunos de los que lo votaron en octubre de 2025, convencidos por sus promesas de «capitalismo para todos».

Seis meses de gobierno neoliberal

Cuando Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025, encontró un país con una inflación del 20,4 % y un déficit fiscal del 12 % del PBI, con las reservas internacionales en........

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