La derecha extrema y la extrema derecha, es decir, el Partido Popular (PP) y Vox han concluido sendos acuerdos que les permitirán gobernar en dos comunidades autónomas del reino de España: Extremadura y Aragón. Los pactos que sostienen ambos gobiernos de coalición introducen, por petición expresa de Vox, un concepto nuevo para la política española: la "prioridad nacional". Una idea que, ahora, tras ambos acuerdos, el PP también hace suya.

Las dos formaciones presentan sus pactos como la base en la que apoyarán la acción gubernamental y como la garantía de una anhelada estabilidad.

Dese hace ya muchos años, el régimen del 78 tiene una enorme dificultad para dar respuesta y solución, a través de los cauces de la política y del marco institucional que la conforma, a los graves problemas sociales y políticos que arrastramos. Las contradicciones se acumulan al ritmo de una inestabilidad institucional que solo resalta tal incapacidad. En esta situación, los pactos alcanzados por PP y Vox no aportarán la estabilidad que particularmente el PP asegura, sino nuevas crisis. Las dificultades que la supuesta "prioridad nacional" y sus efectos sobre la vida de la ciudadanía y las propias instituciones tendrán un protagonismo nada despreciable. En resumen, este concepto (ya en disputa dentro de las propias derechas) ha venido para quedarse y exige mucho más análisis en todas sus vertientes, así como en su desarrollo y consecuencias y de ahí, que estas líneas sean solo unas primeras notas.

No desbrozaremos las treinta y nueve páginas del pacto aragonés ni las diecinueve del extremeño, si no que, de manera muy resumida, nos centraremos en aquellas iniciativas que pensamos que indican tendencias de fondo.

Según los firmantes, la razón que justifica su llamada prioridad nacional sería la de hacer frente a una "escasez de recursos existente para mantener el llamado estado del bienestar". En consecuencia, la acción política debe priorizar (un triaje) para evitar que tal insuficiencia acabe colapsando nuestros deteriorados servicios de salud, educación, acceso a la vivienda, etc. En el caso de Vox, la línea de exclusión reside en la "nacionalidad española"; en el del PP, en un nada claro supuesto "arraigo".

En los documentos acordados, ambas ideas muestran su reflejo en fórmulas que supeditan el acceso a las ayudas o prestaciones sociales, así como al empleo o a la vivienda a poseer la nacionalidad española y/o a hallarse en situación de legalidad y a cumplir la ley.

La traducción de lo anterior a lenguaje llano resulta simple: "los de casa primero porque esto no da para todos". Una idea demagógica y falsa, pero sin duda con tirón por los crecientes problemas que existen para acceder a los servicios públicos básicos.

Pero la prioridad nacional no llega sola. Los acuerdos recogen también un giro ideológico reaccionario que establece medidas para convertir la desigualdad en política pública. Su centro es el ataque a los derechos de la mujer, desde la interrupción voluntaria del embarazo a la violencia machista pasando por todo tipo tópicos machistas. Por tal motivo, los pactos no contemplan otra posible subvención que no sea el apoyo o reconocimiento de la familia heterosexual-normativa y de la natalidad en su seno. No se niega la violencia sobre la mujer, pero esta deja de ser una muestra de un problema estructural y una tarea urgente a resolver por la sociedad para reducirse a un hecho privado "intrafamilia". Tampoco........

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