La crisis de Ceuta ha hecho que millones de españoles descubran algo que hasta ahora, tal vez por inercia, se negaban a ver: la quiebra del Estado en España. Si un enemigo te puede perforar las fronteras para meterte dentro ochenta mil personas sin que hayan funcionado los avisos de tus servicios de información, sin que la policía o el ejército hayan podido custodiar la frontera, sin que tu Gobierno haya reaccionado en defensa del interés de los ciudadanos y, al revés, se haya puesto a trabajar en favor de los invasores, y sin que tus aliados internacionales hayan levantado una ceja, entonces es que tu Estado, sencillamente, ha dejado de funcionar. Cuando una cosa así ocurre, la reacción instintiva es culpar al Gobierno, que, efectivamente, en este caso ha contraído una responsabilidad que roza la traición. Pero para entenderlo mejor todo, conviene ampliar un poco el foco. Porque aquí el problema no se limita a un Gobierno felón sometido al enemigo por pactos inconfesables.

Un Gobierno, al fin y al cabo, sólo es un Gobierno y, en teoría, el Estado tiene instrumentos legítimos capaces de enmendar la situación. Es decir que un «caso Pegasus» podría hundir a un Gobierno, pero no tendría por qué derribar todo el edificio. Aquí, sin embargo, ha fallado todo: las fuerzas........

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