Sánchez nos dijo que aumentaría la inversión en educación, pero era mentira. Que blindaría la sanidad, pero era mentira. Que no habría recortes, pero también era mentira. Lo que sí ha cumplido, con una precisión casi quirúrgica, ha sido otra cosa: subir los impuestos. Sin descanso, sin tregua y sin disimulo. Hasta convertir la campaña de la Renta en una especie de tradición anual donde el contribuyente acude no a cumplir con el Estado, sino a comprobar cuánto más le han quitado esta vez. Y lo más llamativo es que ya en 2016 advertía justo de lo contrario: alertaba de que, si gobernaba Mariano Rajoy, habría «más recortes, más subidas de impuestos y más casos de corrupción semana tras semana». Incluso afinaba más: «Previsiblemente habrá nuevas subidas de impuestos a la clase media y trabajadora». La hemeroteca, implacable, convierte hoy aquella advertencia en un espejo incómodo.

Hoy, cada español paga 10 euros más al día en impuestos que antes de que Sánchez llegara al Gobierno. Diez euros diarios que no salen de un lujo ni de un capricho, sino del esfuerzo cotidiano de millones de trabajadores. Traducido a términos más concretos: cada hogar abona 1.657 euros más al año en impuestos directos. Y no, no es porque ganemos más. Es porque nos exprimen mejor. La llamada “era Sánchez” deja ya 141 subidas fiscales entre impuestos y cotizaciones desde 2018. Ciento cuarenta y una. Una cifra que no admite maquillaje ni relato. Da igual cómo se disfrace: subidas explícitas, tasas nuevas, ajustes silenciosos o esa trampa técnica, tan eficaz como injusta, de no deflactar el IRPF mientras la inflación hace su trabajo. Resultado: cerca de 28.000 millones de euros han salido del bolsillo de los contribuyentes solo por ese mecanismo. Y este año caerán otros 12.000 millones más.

Arranca una nueva campaña de la Renta y el mensaje es claro: el Estado quiere más. Mucho más. Hasta un 60% más que el año pasado. 11.000 millones adicionales que saldrán, otra vez, del mismo sitio: de los salarios. Porque si algo define este modelo fiscal es su obsesión por la nómina. Hoy, el Estado se queda con el 53,6% del coste laboral. Es decir, de cada 100 euros que paga una empresa por un trabajador, este apenas ve 46,4. El resto se diluye en cotizaciones, retenciones y demás figuras impositivas. Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en que «sólo pagan más los ricos». Pero los datos son testarudos. La presión fiscal ha aumentado un 31% en términos reales desde 2018 y afecta de lleno a las clases medias y bajas. Especialmente a estas últimas, que además sufren con más crudeza el efecto de la no deflactación del IRPF: subir el sueldo para no perder poder adquisitivo acaba significando pagar más impuestos. Un castigo invisible, pero constante.

Si al menos ese esfuerzo tuviera una traducción clara en mejores servicios públicos… Pero ahí también aparece la grieta del relato. España acumula más de 19.300 entes públicos, uno por cada 2.500 habitantes. Organismos duplicados, estructuras paralelas, entidades instrumentales con más libertad para gastar y menos controles. Un laberinto administrativo donde el dinero fluye con facilidad, pero la eficiencia se pierde por el camino. Y lo más inquietante: ni siquiera el propio Ministerio de Hacienda sabe con exactitud de quién dependen más de mil de estos organismos.

El contraste es difícil de justificar. Mientras crece el entramado institucional, los españoles perciben deterioro en servicios esenciales. Listas de espera más largas, tensiones en la sanidad, incertidumbre en las pensiones, tragedias ferroviarias, apagones… Y todo ello en paralelo a récords históricos de recaudación. Nunca se ingresó tanto. Nunca se pagó tanto. Y, sin embargo, nunca pareció rendir tan poco.

Europa ofrece un espejo incómodo. Mientras otros países han reducido su presión fiscal en los últimos años, España la ha incrementado hasta situarse entre las que más crecen. La brecha con la media europea se ha estrechado, sí, pero no porque seamos más ricos, sino porque pagamos más. Mucho más. Como si fuéramos un país con renta de primera división, pero con salarios de segunda. La pregunta ya no es hasta dónde puede llegar el Gobierno. Es si existe algún límite. Porque todo indica que no. Nuevas subidas de cotizaciones, más impuestos indirectos, otra ronda de no deflactación… La maquinaria sigue en marcha.

Y el contribuyente, como siempre, paga. Sin titulares, sin épica y sin escapatoria. Porque en la España de hoy, el verdadero impuesto no es sólo económico.

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