“El análisis de las tendencias patológicas muestra que el ambiente -alimentación, vivienda, condiciones de trabajo, grado de cohesión en el vecindario y los mecanismos culturales que permiten mantener estable a la población-, son factores decisivos para determinar cuán saludables se sienten las personas”.

Leyendo un artículo de Rafael Cofiño, colgado en elpais.com y replicado en sinpermiso.info, no puede uno por menos que mostrarse absolutamente de acuerdo con su título: Privatizar (la sanidad) mata. Una afirmación que, como el propio autor recuerda, se encuentra amparada por diversos estudios internacionales.

No obstante, creemos que el doctor Cofiño en la nota de prensa referida muestra una memoria cuanto menos selectiva al hablar de la Ley General de Sanidad de 1986 (recién cumplió cuarenta años) y los desarrollos posteriores.

Es cierto que la norma aludida mejoraba ostensiblemente la situación del sistema sanitario heredado (amante de la beneficencia). Si la ubicamos en el contexto socio-histórico y político en que surgió podremos acercarnos mejor a su conocimiento; así podríamos valorarla en más justa medida; y sobre todo, saber de los efectos perversos que ha terminado favoreciendo.

Como acertadamente señalaba Joan Benach “el factor determinante que origina todo el encadenado causal que produce mejor o peor salud colectiva y más o menos equidad en los grupos sociales es la política. Es decir, las relaciones de poder y qué grupos sociales (…) tienen más o menos poder para tomar decisiones en una sociedad determinada” (2)

La propuesta que los legisladores españolas (el PSOE disponía de mayoría absoluta en el Parlamento de España en aquellos años) tomaron como referencia para implementar la ley fue adaptada del modelo Beveridge (de 1948). William Beveridge, diputado inglés del Partido Liberal, elaboró en 1942 un informe, el Report Beveridge, cuya doctrina adoptaron buena parte de los países capitalistas más desarrollados (junto a la política económica keynesiana) tras la 2ª Guerra Mundial. Un informe que “trataba de afrontar las circunstancias de la guerra y suavizar las desigualdades sociales a través de una doble redistribución de la renta que actuase sobre la seguridad social y otras subvenciones estatales” (3).

Así pues, el modelo Beveridge -que deriva del informe del mismo autor- ofrecía una cobertura universal y gratuita en el punto de contacto asistencial a toda la población y permitía a la ciudadanía la accesibilidad a los diferentes procedimientos disponibles del sistema. En definitiva, se basaba en la idea de que la atención médica es un derecho básico de todos los ciudadanos, independiente de su estatus económico; se........

© Kaos en la red