Por Juan Gimeno Ullastres

Los ricos no pagan impuestos. Quizás el único punto en el que José María Aznar (en 1998) y Pedro Sánchez (en 2018) coincidieron[1]. La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago que eluden pagar impuestos. El top de renta y patrimonio pagan notoriamente menos que los hogares más pobres. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.

La mayor parte de la población de un país desarrollado paga entre un 25% y un 50% de sus ingresos en impuestos. Los cienmillonarios pagan, en el mejor de los casos, porcentajes inferiores al 25%, habitualmente menos. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la UE[2], los patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares pagan un tipo efectivo de entre un 0% y un 0,5% de impuestos personales como el IRPF en comparación con su fortuna.

En España, según las estimaciones de FEDEA[3], el 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que las decilas novena y resto de la décima de ingresos elevados (38’9%).

Como señala la experiencia[4], “los recortes de impuestos para los ricos infieren una mayor desigualdad de ingresos tanto en el corto como en el medio plazo. Por el contrario, dichas reformas no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico o el desempleo”.

La filósofa Ingrid Robeyns ha promovido una forma de limitarismo económico que establece que es moralmente inadmisible ser excesivamente rico (es decir, tener más recursos económicos que un cierto nivel)[5].

Desde 1945 hasta 1980 fue posible mantener tipos marginales elevados a las rentas altas – entre el 70% e incluso el 90% – sin que ello generara ninguna crisis. Más bien al contrario: fueron las décadas de mayor crecimiento económico y mayor disminución de la desigualdad. A partir de 1980, la reducción impositiva a los más ricos y las desregulaciones financieras han provocado no solo el incremento de la desigualdad sino también la caída de la productividad y un menor crecimiento económico.

Las grandes fortunas y corporaciones, que dicen sufrir un infierno fiscal disfrutan en realidad de un régimen absolutamente privilegiado. Hipócritamente, estos críticos de los impuestos son los primeros que solicitan y reciben importantes ayudas cuando se enfrentan a alguna crisis. Y tienen un acceso privilegiado a subvenciones y contratos públicos.

Consecuencia: el 1% más rico posee en 2024 más riqueza que el 95% de la población mundial, y controla cerca de la mitad de los activos financieros totales. La cifra de personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares ha crecido la última década a un ritmo anual del 10%. Un caldo de cultivo adicional para el ascenso de opciones de ultraderecha.

Además, esta acumulación de grandes patrimonios tiene repercusiones en todos los ámbitos sociales y económicos. Por ejemplo, en la vivienda, considerado hoy el primer problema en España y en buen número de países de nuestro entorno. Pues bien, una de las causas explicativas de la desorbitada elevación de sus precios se encuentra precisamente en que esos grandes patrimonios buscan inversiones adicionales a las financieras. El incremento de la demanda especulativa de viviendas es uno de los principales impulsores al alza de sus precios. En el primer trimestre de este año 2025, más del 35% de las compras de viviendas en España se realizaron al contado, marcando un récord histórico, coherente con la tendencia creciente de estos últimos años.

El Trilema de Rodrik, expuesto hace algo más de diez años, señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por ​ globalización, soberanía nacional y democracia. Lo grave es que la primera es tan predominantemente financiera y desigual que está dañando a las otras dos: el poder de los superricos y de los grandes fondos financieros es mayor que el de cualquier gobierno del mundo. Es cada vez más notoria su presión contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses. Peter Thiel, millonario cofundador de PayPal, Palantir y uno de los primeros inversores de Facebook, expuso en 2009 que “la libertad y la democracia ya no son compatibles”. Y ya es descarado el apoyo de milmillonarios a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.

La situación es tan escandalosa que algunas de esas grandes fortunas piden terminar con tal situación. En 2020 surgió la red internacional Millionaires for Humanity; en 2021 Taxmenow, en Alemania, y Patriotic Millionaires en Gran Bretaña. En 2023, varios miembros de estas asociaciones dirigieron al Foro de Davos una carta exigiendo elevar la tributación de los multimillonarios. Desgraciadamente, son tan solo unos pocos.

Este verano, España y Brasil presentaron en Sevilla una iniciativa para promover una fiscalidad más efectiva de los superricos en todo el mundo, en línea con el acuerdo del G20 alcanzado en Río de Janeiro en 2024: cooperar hacia una agenda fiscal efectiva para personas de alto patrimonio neto. El objetivo es que más países, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil, se sumen a esta iniciativa para promover y evaluar iniciativas legislativas relacionadas con la tributación de los ultrarricos.

We move Europa ha puesto en marcha la campaña Tax the Super Rich! A la que se han adherido las grandes ONGS europeas, entre ellas la Plataforma por la justicia fiscal española. Se pide a la Comisión Europea que establezca un impuesto europeo sobre el exceso de riqueza.

No es una cruzada contra un colectivo. Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. (No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o por una herencia no ganada). Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.

La propuesta de Zucman de que los hogares franceses con un patrimonio superior a los 100 millones de euros paguen un impuesto anual del 2% sobre su fortuna, está generando un amplio debate político y social en ese país. Las encuestas señalan un apoyo popular a la propuesta del 80%.

Zohran Mamdani acaba de ganar la Alcaldía de Nueva York con un mensaje claro de gravar a los superricos: “No creo que debiéramos tener multimillonarios porque, francamente, es acumular mucho dinero en un momento de tanta desigualdad y, en última instancia, lo que necesitamos es más igualdad”. Ha declarado. Vemos que esta demanda empieza a ser un clamor.

Dado el poder de esos superricos y las facilidades existentes para los movimientos financieros, la coordinación internacional es necesaria para conseguir el objetivo imprescindible de que los más ricos paguen, al menos, como los que viven de su trabajo.

Parece........

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