menu_open Columnists
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

La huelga de alquileres de Barcelona de 1931 y la red libertaria de los barrios: el Comité de Defensa Económica y los Comités de Defensa de la CNT

14 0
12.11.2026

Por Agustín Guillamón

La huelga de alquileres de Barcelona de 1931 fue uno de los movimientos de protesta social más importantes de la historia del movimiento obrero barcelonés. Miles de familias trabajadoras se negaron a pagar los alquileres que consideraban abusivos, reclamaron una reducción de las rentas y organizaron la resistencia frente a los desahucios. No fue una suma de impagos individuales ni una protesta espontánea sin organización. Fue una movilización colectiva que convirtió el problema de la vivienda en un conflicto social y político, enfrentando a los inquilinos organizados con los propietarios y con las autoridades republicanas que defendían el orden de la propiedad.

Para comprender aquel movimiento es necesario situarlo en el contexto de la organización libertaria de Barcelona durante 1931. La CNT no era únicamente una organización sindical dedicada a la defensa de los trabajadores en los centros de producción. Constituía una extensa red de solidaridad, organización y acción que abarcaba los diferentes ámbitos de la vida obrera: el trabajo, la vivienda, la cultura, la educación, el abastecimiento, la sociabilidad y la defensa colectiva.

En ese entramado hay que situar tanto al Comité de Defensa Económica, impulsor de la lucha contra los alquileres abusivos y los desahucios, como a los Comités de Defensa de la CNT, fundados el 25 de abril de 1931. Eran organismos distintos, con funciones específicas, pero complementarios dentro de una misma realidad organizativa. No deben confundirse sus competencias ni sus denominaciones, pero tampoco separarse artificialmente como si pertenecieran a procesos históricos inconexos.

La fundación de los Comités de Defensa se produjo once días después de la proclamación de la República, en un Pleno de Locales y Comarcales de la CNT reunido en Madrid (Guillamón, 2020, p. 7). En aquella reunión se acordaron dos medidas organizativas de gran trascendencia: la creación de sindicatos de barrio en Barcelona y la fundación de los Comités de Defensa. Como he explicado en mi estudio sobre los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona, ambas decisiones deben comprenderse dentro de una concepción amplia de la organización confederal, que aspiraba a construir una sociedad autónoma de los trabajadores, capaz de defender sus intereses y necesidades en todos los terrenos de la vida cotidiana.

La huelga de alquileres fue una de las expresiones más importantes de esa capacidad de organización territorial. El Comité de Defensa Económica actuó directamente sobre el problema de la vivienda; los Comités de Defensa formaban parte de la estructura específica de protección y defensa de la organización y de las luchas obreras. La relación entre unos y otro no era de identidad ni de subordinación automática, sino de complementariedad.

El magnífico y pionero estudio de Manel Aisa Pàmpols, La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica. Barcelona, abril-diciembre de 1931, reconstruye con abundante documentación la formación de aquel movimiento, sus reivindicaciones, sus protagonistas, su extensión territorial y la represión que sufrió. Sus aportaciones permiten comprender la dimensión de una lucha que, durante mucho tiempo, quedó relegada en la historiografía del movimiento obrero y de la Barcelona republicana.

La vivienda obrera en la Barcelona de los años veinte y treinta

La huelga de alquileres no surgió de la nada. Fue la respuesta a una situación de explotación y precariedad que se había ido acumulando durante décadas. Barcelona había experimentado un crecimiento demográfico e industrial muy importante, alimentado por la llegada de trabajadores procedentes de otras zonas de Cataluña y del resto de España. La expansión de la industria y de las obras públicas atrajo a miles de familias que necesitaban alojamiento, mientras que la oferta de vivienda popular resultaba insuficiente y, en muchos casos, extraordinariamente deficiente.

La vivienda obrera estaba marcada por el hacinamiento, la falta de ventilación, la escasez de servicios y las condiciones higiénicas precarias. En numerosas casas convivían varias familias y el realquiler de habitaciones constituía una fórmula habitual para poder afrontar el coste de la vivienda. En otros casos, las familias se veían obligadas a instalarse en barracas, pasillos o construcciones de dimensiones reducidas y sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

Manel Aisa recoge los datos de los estudios de José Luis Oyón sobre la población realquilada en Barcelona. En 1922 se calculaban unos 75.000 realquilados y, en 1927, el alcalde Jaume Aiguader estimaba que la cifra había ascendido a unos 100.000. La práctica del realquiler, especialmente extendida en el centro de la ciudad y en el actual barrio del Raval, permitía a algunas familias obtener ingresos para pagar una parte de la renta, pero agravaba el hacinamiento y la precariedad de sus condiciones de vida (Aisa Pàmpols, 2019, p. 38).

La situación de los trabajadores era especialmente difícil porque el alquiler absorbía una parte considerable de sus salarios. Aisa reproduce los datos de Oyón sobre el peso de la vivienda en los ingresos obreros: entre 1919 y 1922, los trabajadores debían destinar aproximadamente una quinta parte de sus salarios al alquiler; entre 1927 y 1931, los trabajadores no cualificados destinaban entre una cuarta parte y un tercio, mientras que las mujeres obreras podían dedicar más de un tercio de sus ingresos a la renta (Aisa Pàmpols, 2019, p. 19).

La crisis económica posterior a la Exposición Internacional de 1929 agravó la situación. La reducción de las obras y de la actividad constructora dejó sin trabajo a numerosos obreros, muchos de ellos inmigrantes que habían llegado a Barcelona atraídos por la demanda de mano de obra. La falta de empleo y la ausencia de mecanismos suficientes de protección social hicieron que muchas familias no pudieran satisfacer sus necesidades más elementales.

Aisa recoge también la dimensión del barraquismo. En 1922 se contabilizaron unas 3.000 barracas, en las que vivían más de 15.000 personas; en 1927, los cálculos municipales superaban las 6.000 barracas. Después de los realojamientos vinculados a la Exposición Internacional, todavía quedaban cerca de 2.000 barracas en 1930, con unas 11.000 personas alojadas en ellas. A estas formas de infravivienda se añadían los pasillos y conventillos, con superficies reducidas y alquileres que podían resultar muy gravosos para las familias (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 30 y 38).

La vivienda no era, por tanto, un problema secundario respecto al salario. Una parte importante del jornal que el obrero obtenía en la fábrica o en la obra regresaba inmediatamente a manos del propietario de la vivienda. La explotación no terminaba en el centro de trabajo: continuaba en el alquiler, en el precio de los alimentos y en los gastos indispensables para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.

La huelga de alquileres expresó esa realidad. Su reivindicación inmediata era la reducción de las rentas, pero su significado social era mucho más amplio: las familias trabajadoras reclamaban el derecho a vivir sin que el coste de la vivienda consumiera una parte insoportable de sus ingresos.

Los antecedentes de la organización de los inquilinos

La organización de los inquilinos tenía antecedentes anteriores a 1931. Aisa recuerda que en diferentes ciudades y localidades se habían producido protestas contra los abusos de los propietarios y que existían precedentes de resistencia colectiva frente a los aumentos de alquiler y los desahucios.

Entre esos antecedentes destaca la Unión de Defensa de Inquilinos de Barcelona, constituida en diciembre de 1919. El 23 de diciembre de aquel año se presentó públicamente en el Teatro del Bosque un manifiesto leído por Alberto Carsí, que participó en la puesta en marcha de la entidad. La organización reclamaba el cese de los abusos de los propietarios, la protección frente a los desahucios provocados por aumentos de alquiler, la contención de las rentas, la reducción de los impuestos que afectaban a los inquilinos, la mejora de las condiciones higiénicas de las viviendas, la edificación de los solares urbanos y una tributación de los propietarios acorde con los alquileres que percibían (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 39-41).

El manifiesto resulta significativo porque muestra que las reivindicaciones fundamentales de los inquilinos ya estaban formuladas doce años antes de la huelga de 1931. La vivienda digna, la protección frente al desahucio y la oposición a los aumentos abusivos constituían problemas sociales reconocidos por una parte de la población trabajadora.

La Unión de Defensa de Inquilinos desarrolló su actividad durante los primeros años veinte y posteriormente pasó a denominarse Cámara de Inquilinos. Aisa documenta sus iniciativas, sus relaciones con las autoridades y las dificultades para conseguir una regulación efectiva de los alquileres. La organización intentó intervenir mediante la asociación, la presión pública y la reclamación de medidas legales, aunque sus posibilidades de actuación estuvieron limitadas por la resistencia de los propietarios y por la debilidad de las garantías ofrecidas a los arrendatarios (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 41-46).

La huelga de 1931 recuperó ese problema histórico, pero introdujo una forma de lucha mucho más contundente: la negativa colectiva a pagar el alquiler. La reivindicación dejó de depender exclusivamente de la capacidad de los inquilinos para convencer a las autoridades y pasó a apoyarse en su propia fuerza organizada.

La proclamación de la República y la reorganización de la CNT

La proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, despertó grandes expectativas entre los trabajadores. Después de siete años de dictadura, una parte importante de la población obrera esperaba que el nuevo régimen pusiera fin a la represión, liberara a los presos sociales y abordara las graves desigualdades económicas heredadas de la Monarquía.

La CNT salió de la clandestinidad y experimentó un crecimiento extraordinario. Aisa recoge que durante mayo de 1931 se incorporaron a la Regional catalana de la CNT unos 105.000 nuevos afiliados. El periódico Solidaridad Obrera describió el fenómeno el 28 de mayo con una expresión significativa: los sindicatos habían sido «tomados por asalto» por los trabajadores, que acudían a ellos en busca de soluciones para sus problemas inmediatos (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 49-50).

Sin embargo, la llegada de la República no supuso una transformación de las condiciones materiales de la clase trabajadora. El........

© Kaos en la red