La corrupción funcionaria le cuesta al Estado muchos millones de dólares que podrían servir para solucionar muchos problemas latentes del país, y sus efectos desprestigian al gobierno, generan desconfianza, impregnan malas prácticas debido a la impunidad, y hace que cundan las irregularidades. Pero, además, las acusaciones que no se investigan pese a las señales de gravedad, son muchísimas, casi incontables. Los pocos casos que llegan a los tribunales se estancan en las chicanas y son muy pocos los funcionarios que van a la cárcel con una sentencia por hechos de corrupción -salvo que sean adversarios políticos del régimen de turno- o que se hubiese logrado la recuperación de recursos malversados o desviados con fines ilegales. Como consecuencia de la impunidad no debe extrañar que hechos de esta naturaleza sean recurrentes. Por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que ya antes se vio involucrado en situaciones anómalas, se destapó otro escándalo.

Humberto Alan Lisperguer, ministro de la cartera de Medio Ambiente y Agua, fue destituido de su cargo para que se defienda en torno a una investigación sobre presuntas ganancias ilícitas. Entre el 2021 y 2024, el exministro Lisperguer recibió 43 depósitos en dos de sus siete cuentas bancarias por parte de funcionarios........

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