La crisis económica y de combustibles que sufre el país, podría agravarse si nuevamente el gobierno procede, demagógicamente, y accede a demandas salariales en un momento en el que la inflación ha hecho perder el poder adquisitivo como consecuencia de los desaciertos de las políticas de gobierno que llevaron al país a la actual situación. Lo peor es que la cercanía de las elecciones generales hace poco probable que se apliquen determinaciones heroicas en busca de soluciones acordes a la magnitud de la crisis. Contrariamente, la tentación de ganar votos puede hacer que el gobierno aproveche la coyuntura. Sin embargo, los políticos deberían meditar sobre las consecuencias. Podría ser contraproducente políticamente una decisión que favorezca al sector asalariado, dejando a su suerte al sector informal. Diferentes análisis sobre la situación laboral coinciden en que aproximadamente el 80% del empleo está en el sector informal, por lo que un incremento salarial se convierte selectivo, ya que solamente alcanza a quienes trabajan en el Estado o las empresas privadas que operan legalmente.

La experiencia de gestiones pasadas permite prever que no cambiará la manera de incumplir las normas legales que protegen a los trabajadores, dejando a su suerte........

© Jornada