El pasado 24 de julio el gobierno presidido por Delcy Rodríguez anunció que se retiraría de la Corte Penal Internacional (CPI), debido a un supuesto "sesgo geográfico" de esa instancia. Ese día, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, se dirigió al secretario general de la ONU, António Guterres, para notificarle la decisión. Esa noticia trascendental ha pasado desapercibida, eclipsada por la tragedia provocada por los terremotos registrados en Caracas y La Guaira ese mismo día. Transcurrido más de un mes del desastre, conviene examinar la decisión y oponerse a que la iniciativa prospere.

El acuerdo del gobierno venezolanos no tuvo nada que ver con ninguna decisión autónoma y soberana. Fue un gesto más de subordinación a la administración de Donald Trump, quien ha mantenido una campaña permanente de descrédito contra el Tribunal de La Haya desde su primer gobierno, entre 2017 y 2021. El presidente de Estados Unidos se ha opuesto a todos los organismos internacionales creados después de finalizada la Segunda Mundial,

con la finalidad de armonizar los vínculos entre las naciones. Aunque la CPI fue formalmente creada en 1998 y comenzó a operar en 2002, después de haberse aprobado el Estatuto de Roma -mucho tiempo después de........

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