Álvaro García Ortiz. / EP

Toda declaración del Gobierno en favor del Fiscal General del Estado perjudica a la institución y al propio interesado. Un Gobierno que se pronuncia de este modo, que entra en un ámbito al cual debe ser ajeno, debilita la imagen de independencia del Ministerio Fiscal y genera la sensación de parcialidad objetiva de su máxima autoridad.

El daño es tal, que García Ortiz no puede hacer otra cosa que presentar su dimisión, pues al hecho de la inmediata apertura del juicio oral contra él, se suma ahora un apoyo envenenado que excede a su persona para afectar al mismo Ministerio Público.

Nunca un Fiscal General se vio sometido a un proceso penal y éste puede terminar con éste sentado en un banquillo y siendo juzgado por hechos que compete a los tribunales enjuiciar, no al Gobierno, ni al PSOE, ni a los muchos que insisten públicamente en que no hubo delito alguno. Esta costumbre ya instalada en la clase política de apoyar a acusados cercanos imponiendo su valoración sobre la que compete al Poder Judicial es manifestación expresa de que algo funciona mal en nuestra democracia. Máxime cuando muchos de ellos carecen de la información con la que cuentan los jueces y magistrados, sumarios completos, frente a noticias muy........

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